Asaja de Castilla y León exigió este martes al Gobierno de Juan Vicente Herrera que "haga oficial su apoyo a las cámaras agrarias" después de "dos años de sucesivos recortes bruscos en sus presupuestos, que han menguado su actividad y amenazan con hacerlas desaparecer". "Lo contrario sería interpretado por el campo como un desprecio hacia los agricultores y ganaderos y un agravio comparativo con respecto a la posición de la Junta ante las cámaras de Comercio, a las que ayer se comprometió a apoyar tanto en recursos como en competencias", agregaron fuentes de la organización.
La OPA reclama una "reacción inmediata" ?en todo caso antes del 22 de mayo? que demuestre que no se trata al sector primario como si tuviera "inferior categoría, al igual que ocurrió cuando se promulgó la Ley del Diálogo Social". Asaja recuerda al Ejecutivo de Herrera que las cámaras agrarias, con unos presupuestos "paupérrimos, están dando más servicios que las Cámaras de Comercio, que además las agrarias son de competencia exclusivamente autonómica y que la elección de sus órganos de gobierno, que sirve para medir la representatividad en el sector primario, se determina por sufragio democrático de todos los agricultores", señala un comunicado.
La organización agraria lamenta que ante la petición de una reunión con el Ejecutivo regional para definir el futuro de todas las cámaras en las que están representados los empresarios, incluidas las agrarias, el Gobierno de Juan Vicente Herrera haya escuchado únicamente a los "empresarios de corbata, olvidándose una vez más de los agricultores y ganaderos que trabajan y viven en el medio rural de esta región".
La organización agraria considera que no se puede trabajar en las cámaras agrarias con una financiación que "escasamente permite pagar las nóminas de los empleados, como ocurre en la actualidad", por lo que "si no se da una respuesta que permita su viabilidad futura", Asaja se plantea "retirarse de las mismas para que sea la propia Junta la que las gestione". Destaca Asaja también que las cámaras agrarias, a diferencia de las de Comercio, "tienen prohibido por ley generar recursos prestando bienes o servicios, por lo que dependen en su totalidad de los fondos públicos".