El jueves expira la séptima legislatura. Se baja el telón en la cámara temporalmente, pero se encienden los focos de otro escenario, el del proceso electoral autonómico con unas fechas marcadas en rojo.
El 28 de marzo, el presidente Herrera firma el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones. Lo hace dentro del calendario general, aunque en el estatuto se reconoce a la comunidad autonomía para fijar otras fechas.
Al día siguiente el decreto se publica en el Bocyl y en los demás boletines oficiales, y entre el 13 y el 18 de abril los partidos políticos deberán presentar sus candidaturas ante la juntas electorales.
En el decreto de convocatoria se concreta también el número de procuradores que serán elegidos, y que en la próxima legislatura pasarán de 83 a 84 por el incremento de población en Segovia.
Se actualiza el número de escaños y también de electores. El proceso de revisión del censo permite detectar inscripciones fraudulentas a través de un sistema de alerta que pueden activar los propios partidos o particulares.
Es una de las novedades que, enero, se ha introducido en la ley electoral del año 85.