TRIBUNALES | 'Operación Yogur'

Veintiocho traficantes se conforman con penas que suman casi 87 años de prisión

El juicio seguirá este martes contra cuatro 'narcos' que no aceptan el pacto ofrecido por Fiscalía

Europa Press

Veintiocho de los treinta y dos 'narcos' detenidos en junio de 2015 en el marco de la 'Operación Yogur' han pactado este lunes un conjunto de penas que suman casi 87 años de prisión, unos 124 años menos de las condenas que inicialmente solicitaba para ellos el Ministerio Fiscal, con lo que el juicio en la Audiencia de Valladolid se iniciará este miércoles contra los cuatro únicos acusados que han rehusado el pacto ofrecido por la acusación pública.

La sala de la Audiencia Provincial presentaba una imagen inédita puesto que jamás hasta ahora en la historia judicial vallisoletana se había iniciado un procedimiento por tráfico de drogas contra tan elevado número de procesados, con lo se ha dispuesto de un importante dispositivo de seguridad integrado por más de una veintena de agentes, entre policías nacionales y guardia civiles, y se ha limitado el aforo de público asistente a un cupo similar.

Como estaba inicialmente previsto, la primera jornada ha estado centrada en la ratificación de las conformidades pactadas entre las defensas y la acusación pública. Así, cada uno de los veintiocho 'narcos' confesos ha ido subiendo al estrado para aceptar la rebaja de las penas acordadas, que oscilan entre los seis años y seis meses de cárcel de las más duras hasta el año de la más reducida, junto con multas de entre 50 y 283.500 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La diferencia entre unas y otras condenas estriba en que a los más penados se les considera autores de un delito de tráfico de drogas de las que causan grave daño a la salud, con las agravante de notoria importancia, junto con otro de pertencia a grupo criminal y hasta otro de tenencia de armas prohibidas, frente a aquellos a los que se imputa  tráfico de sustancias de las que no causan grave daño a la salud.

Eso sí, todos ellos han coincidido en adelantar ya al tribunal sentenciador su decisión de acogerse a su derecho de no declarar en el juicio, con lo que la prueba testifical que se practique no contará con el testimonio de ninguno de los veintiocho.

"!Te parto por la mitad!"

Durante la jornada, el fuerte dispositivo de seguridad no ha dejado resquicio para incidentes o enfrentamientos entre los ocupantes de las tres hileras que conformaban el banquillo, a excepción de un momento de tensión registrado dos de ellos se han cruzado miradas desafientes y uno de ellos se ha dirigido en todo amenazador a su contendiente: "!Te voy a partir por la mitad!", ha espetado, aunque finalmente los agentes han logrado apaciguar los ánimos.

Rubricada la conformidad, el juicio se iniciará este miércoles con el interrogatorio de los cuatro acusados que han rechazado el acuerdo: Rubén S.CH (alias 'Java'), para quien se piden 12 años y 600.000 euros (tráfico de drogas de notoria importancia y tenencia de armas prohibidas); Aitor del V.A. y Luis Jorge de la C, expuestos a diez años y diez meses y 400.000 euros de multa (tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia y pertenencia a grupo criminal), y Marco Antonio del C.P, a quien podrían caerle ocho años y 190.000 euros de multa.

Registro ilegal

Aunque inicialmente se pretendía interrogar ya este martes a los cuatro citados, la Sección Cuarta de lo Penal ha optado por posponer el trámite para este miércoles con el fin de estudiar las distintas cuestiones previas planteadas por los defensores, fundamentalmente el de Marco Antonio del C.P, ya que alega la ilegalidad del registro practicado en su domicilio--fueron localizados 40.000 euros en drogas--, al carecer éste de autorización judicial, así como por vulneración de sus derechos fundamentales durante su interrogatorio en prisión, sin asistencia letrada; ruptura de la cadena de custodia, e ilegalidad en el cotejo de las llamadas telefónicas.

La 'Operación Yogur" concluyó en junio de 2015, se desplegó en cuatro provincias de Castilla y León y permitió desmantelar en Roa de Duero (Burgos) el mayor laboratorio de speed descubierto hasta el momento en la región.

   En el marco de esta macrorredada se llevó a cabo una treintena de registros domiciliarios en Palencia, Valladolid, León y Burgos, se  incautaron 229.200 euros en efectivo --parte de ello falsificado--, 170 kilos de hachís, 24 kilos de speed, dos de ketamina, 1,8 kilos de cocaína y diversas cantidades de MDMA, heroína y LSD, una docena de vehículos y diversas armas, además de grilletes, pistolas Taser --de descarga eléctrica-- y munición.

   Desde el laboratorio ubicado en Roa se preveía de droga a compradores de Valladolid, León, Palencia, Medina del Campo, Sahagún, Pedrajas, Mojados o Villamuriel, entre otras localidades.

Clan de los mercheros

   En el caso de la capital vallisoletana, la policía detuvo a numerosas personas, y algunos de los registros practicados se localizaron en el Barrio de España, Rondilla --en concreto en la calle Soto-- y La Overuela.

En este último barrio se arrestó en un piso de la calle Las Cortes a distintos integrantes del 'clan de los mercheros' o de 'los gatos', como José María M.L, apodado 'Gato'; su esposa Raquel G.C, del clan de los García Carro, y su hijo José Antonio M.G. ('Lolo'), y junto a ellos un hermano del primero, Ángel Miguel M.L, con domicilio en la calle Tierra Baja.

En el caso de Palencia, existía un grupo que no tenía en su poder droga pero coordinaba y gestionaba la organización, mientras que en Valladolid existía un punto de almacenaje muy importante desde donde se distribuía, según explicaron en su día fuentes policiales.

Las primeras pesquisas se iniciaron en el mes de enero de 2015, cuando se descubrió a varias personas que realizaban actividades de prostitución y venta de droga 'al menudeo', desde el que se llegó al punto de partida de la droga, ubicado en un chalé de lujo de Roa de Duero (Burgos), en cuya bodega se localizaba el foco principal de producción de droga.

El grupo contaba con productos como éter, acetona o alcohol, que no forman parte de las sustancias de corte, sino que sirven para la elaboración de procesos químicos relacionados con las drogas. Precisamente en Roa es donde se ocuparon 13 kilogramos de 'speed' y más de 30 kilos de precursores para la elaboración de la sustancia estupefaciente, arcones, prensas y envasadoras de vacío, termoselladoras, mascarillas y otros útiles.

Los indicios apuntaron a la existencia de una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y ramificada en cuatro provincias en las que operaba un grupo con un meticuloso reparto de tareas entre sus integrantes que funcionaba con una jerarquía muy definida --desde el 'machaca' con funciones de ayudante y conductor hasta los que dirigían al resto, los que mas poder adquisitivo tenían-- y utilizaba medidas de seguridad y costosos dispositivos para tratar de dificultad su detención.

'Almacenes'

De esta forma, tras localizar el laboratorio, se detectó que la droga era ocultada en las poblaciones de Aranda de Duero (Burgos) y Valladolid para su distribución final en la capital del Pisuerga, León y Palencia, además de en las localidades vallisoletanas de Medina del Campo, Pedrajas de San Esteban y Mojados, las leonesas de Sahagún, Galleguillos de Campos o Sahelices y la palentina de Villamuriel de Cerrato, entre otras.

En estas localidades, para conseguir el control de la venta de droga, los miembros más violentos de la organización llevaban a cabo presuntas agresiones, amenazas con supuestas armas de fuego e incluso utilizaban en sus actividades moneda falsa.