El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sostuvo este miércoles que todas las actuaciones que lleva a cabo se realizan de forma ''honesta'' y con trabajo ''limpio, legal y volcado en la solución de los problemas de los ciudadanos'', como en su opinión hizo en relación a la paralización de las obras de una carretera de León sobre la que mantuvo una conversación telefónica a principios de año con un empresario investigado en el marco de la Operación Enredadera.

Ante la comisión de Fomento y Medio Ambiene de las Cortes, Suárez-Quiñones compareció a petición propia y del Grupo Podemos para informar sobre la gestión realizada en relación al expediente de obras de mejora de la LE-413, que une Villadangos del Páramo y Valcabado (León), tras entrar en concurso de acreedores la adjudicataria.

Las explicaciones del titular de Fomento, que aseguró no arrepentirse de nada, no convencieron a los grupos Socialista y Podemos y al parlamentario de UPL Luis Mariano Santos, quienes pidieron la dimisión de Suárez-Quiñones. También, Ciudadanos exigió responsabilidades al consejero por un asunto ''ético'', no ''legal'', y lo invitó a meditar sobre su continuidad, mientras para los 'populares' no existe ''caso'' y defendió su iniciativa política.

El consejero recalcó en su primera intervención que los hechos se refieren a una ''única'' conversación, ''corta'', ''sencilla'' y con un contenido ''inequívoco'' y ''claro''. Suárez-Quiñones ofreció explicaciones para demostrar su ''corrección'', tras difundirse una llamada telefónica, en relación a una actuación que consideró legal y ajustada a lo establecido en la normativa de contratación, de acuerdo a la figura de la cesión de contratos.

Suárez-Quiñones destacó que la obra era la primera en ejecutarse del bloque de actuaciones prioritarias, por lo que se adjudicó en julio de 2016, si bien los trabajos se paralizaron. Tras comunicar la empresa la negativa a ceder las obras a otras sociedades, aclaró, contactó con el empresario para que una empresa de su grupo asumiera el proyecto por razones ''objetivas'', como son tener actividad en León, ''potencial'' y ''cercanía'' a los trabajos.

Aseguró que no podía quedarse de ''brazos cruzados'' ante el ''imperioso'' interés público y la ''preocupación'' existente en la zona del Páramo leonés. ''No admitía demoras'', dijo. ''La resolución de los problemas no admite vacilaciones sino acción. Así se hizo, así lo hice inmediatamente y así seguiré haciendolo'', afirmó.

También, sobre la frase ''yo soy la administración'', apuntó que demuestra que se trata de una llamada ''oficial'', para que valore la cesión del contrato, algo que reconoció compete a la adjudicataria, y que debe recogerse en escritura pública. Sin embargo, señaló que la intervención no permitió que se retomaran los trabajos, por lo que avanzó que hasta dentro de ocho meses no se volverán a licitar, al tenerse que actualizar el proyecto e iniciar el concurso.

''Siempre haré lo posible para encontrar una solución legal a un problema cuando la norma lo permita'', insistió y recalcó que las críticas serán estériles puesto que recalcó que una de las ''potestades'' que permite la Ley de Contratos es la cesión de contratos, para velar por el ''interés público'' y la ''eficacia'' y con el sometimiento al derecho. Además, señaló que no hay, ni había una razón objetiva ''legal'' para excluir de esta figura a una determinada empresa, que recordó cuenta con trabajadores que ejercen su tarea con profesionalidad.

Por otra parte, negó ''favoritismo'' de la Junta al grupo empresarial del investigado, puesto que -recalcó- no participó en ninguno de los más de 1.000 contratos licitados desde 2015. Tan solo, señaló, sus firmas recibieron dos al participar en una Unión Temporal de Empresas, con un 50 y un 65 por ciento. Tampoco fue seleccionada para acometer alguno de los 17 contratos de obras de emergencia encomendadas con un presupuesto de cuatro millones.

Además, Suárez-Quiñones rechazó que ofreceria información privilegiada, un ''ariete'' utilizado por la oposición, tras la conversación del empresario con una hija suya, sino que se trata de documentación recogida con ''nombres y apellidos'' en los Presupuestos Generales de la Comunidad.

Dimisión

El Grupo Socialista consideró que se trata de una ''gestión políticamente corrupta'', según aseguró la socialista Ana Sánchez, quien expresó la indignación que generaron las palabras del consejero, a quien acusó de intentar una ''manipulación impresentable'' a través de justificaciones ''peregrinas''. Pidió explicaciones a Suárez-Quiñones por contactar con una empresa determinada y no con los 99 licitadores que acudieron al concurso, de los que siete ofrecieron una menor cuantía y 43, entre 1,2 y dos millones.

También se preguntó si de forma habitual el consejero llama de forma personal al padre de los apoderados de las empresas, como hizo en el caso de Arcor. Además, lo acusó de mentir, puesto que recordó que esta sociedad tiene su domicilio social en Madrid y señaló que su 'antecesora', Begar, recibió hasta 2008, más de 355 millones en proyectos.

Ana Sánchez cuestionó, igualmente, la actuación como ''rey sol'' de Suárez-Quiñones a quien pidió que juzgue si su comportamiento es ''éticamente reprobable''. Por ello, pidió su dimisión y aseguró que la sociedad está hastiada del PP que a su juicio considera a Castilla y León como su ''cortijo'' y actúa solo con transparencia con algunas empresas.

En la misma línea, el parlamentario de Podemos Ricardo López demandó también la marcha del titular de Fomento por un hecho ''grave'' y por ofrecer explicaciones ''burdas'' sobre un caso en el que recordó la implicación de PP, PSOE y Ciudadanos. Por ello, consideró que el PP no gobierna en Castilla y León para los ciudadanos, sino para algunos empresarios.

El dirigente de la formación 'morada' consideró que existe más que razones para que dimita el consejero de Fomento, de acuerdo a la legalidad y a sus competencias, puesto que insistió no puede ofrecer una carretera ''saltándose las normas de contratación''. Además, se remitió al Código Ético para recriminarle su llamada.

En la misma línea, el procurador 'leonesista' invitó a Suárez-Quiñones a dejar su cargo por cometer un ''error grave'' y cuestionó que la elección del empresario se debe a su compromiso con León. También considero que existió ''trato de favor'' y recordó que la operación afecta no solo al PP, sino también al PSOE y Cs.

Por su parte, el procurador de C's Manuel Mitadiel recalcó que el debate giraba sobre un tema ''ético'' y no ''legal'', que determinarán los jueces, porque insistió se ofreció una obra a una empresa y no al resto. Se preguntó por qué el consejero intervino en una negociación entre empresas y si trata en igualdad de condiciones a todas las empresas de la Comunidad.

Mitadiel consideró que existió una subordinación a los intereses del grupo y criticó que el 'leonés' Manuel García, un ''detenido'' en el marco de esta actuación policial, presidiera la Comisión de Fomento, algo que desmintió el portavoz del Grupo Popular, Juan José Sanz Vitorio, quien vio ''intolerable'' que se cuestionara a una persona ''honorable'', que recalcó no está ''imputada, investigada, ni citada a declarar''.

No hay caso

El dirigente 'popular' calificó de ''ruines'' las palabras de Mitadiel y manifestó que trata de tapar sus ''vergüenzas''. ''No es de recibo'', dijo y añadió que no había ''caso'', puesto que recalcó que el consejero representa al órgano de contratación de una administración que primó el interés público, como recordó hace el subdelegado de Soria, Miguel Latorre, con las obras de la Autovía del Duero (A-11).

Además, recordó las palabras del empresario en las que aseguraba que ''todos los alcaldes del PSOE'' estaban ''funcionando muy bien''. ''Yo quiero políticos como usted'', dijo Sanz Vitorio, frente a los ''herederos de Maduro'' y a quienes los ciudadanos colocan en la oposición.

Sin arrepentimiento

Finalmente, el consejero de Fomento concluyó que él había sido una ''cabeza de turco'' ante la cercanía de las elecciones para hacerse con el gobierno de la Comunidad y aseguró que es una persona ''limpia y honesta'' . ''Arrepentimiento ninguno, es mi deber y mi labor'', dijo Suárez-Quiñones por lo que volvería a actuar igual utilizando ''las vías legales''. ''Actuación absolutamente legal, absolutamente ética'', señaló y agregó: ''Donde está la ley, está la moralidad'', algo que no encontró en la oposición parlamentaria por su ''manipulación torticera''. ''Me marcho tranquilo y preocupado'', concluyó.