El Procurador del Común, Javier Amoedo, explicó este martes que en 2010 se dirigió a la Consejería de Familia para que valorase la posibilidad de promover ante las Cortes de Castilla y León la elaboración de una ley de parejas de hecho, y que también planteó al Defensor del Pueblo que sugiriera la modificación de la Ley de 18/11/2003 para el reconocimiento de familias numerosas a las uniones de hecho de forma estable análogo a las conyugales.

Éstas fueron dos de las actuaciones llevadas a cabo por el Procurador del Común el año pasado que Amoedo destacó durante su comparecencia en el Pleno del Parlamento regional para presentar el informe anual de 2010 de esta institución.

Así, indicó que recibieron 1.956 quejas de los ciudadanos, 941 contra la Administración local y 667 contra la autonómica, y se tramitaron 36 expedientes de oficio. Asimismo, se dictaron 1.104 resoluciones "motivadas y dictadas con independencia y objetividad", de las que 617 constataron la "existencia de irregularidad en la actuación de la Administración" y el resto concluyeron que se había obrado con corrección.

Por provincias, explicó que León volvió a liderar el número de quejas, con 518, seguida de Valladolid, con 248, y Burgos, con 244. Por su parte, en Salamanca se presentaron 176 peticiones; en Palencia, 147; en Zamora, 115; en Segovia, 104; en Ávila, 93, y en Soria, 87.

Amoedo destacó que en la fecha de cierre del informe anual 2010 las administraciones habían contestado a 458 resoluciones y aceptado 343, lo que supone el 75% de las dictadas. Se encontraban pendientes de contestación 125, de las que se han contestado desde entonces 99, con 64 aceptadas.

Basándose en estos datos, el Procurador del Común aseveró que la institución que dirige ha realizado con "eficacia" su trabajo "en defensa de los derechos de los ciudadanos", aunque recordó que el año pasado la institución planteó a las Cortes la conveniencia de abordar una modificación de la regulación actualmente vigente.

Asimismo, resaltó que el pasado 6 de septiembre se formalizó la cesión de la nueva sede de la institución en León por la Consejería de Hacienda, un edificio emblemático en el centro de la ciudad que aseguró que "satisface todas sus necesidades".

Principales actuaciones

Javier Amoedo realizó un repaso de las principales resoluciones tomadas el año pasado por el Procurador del Común. En el área de Familia, Igualdad de Oportunidades y Juventud, explicó que se presentaron 171 quejas, de las que gran parte procedían de "colectivos especialmente vulnerables", como mayores, menores, discapacitados y personas con enfermedad mental.

En este ámbito, Amoedo resaltó que la institución tramitó una actuación de oficio ante la Consejería de Familia con una serie de propuestas para mejorar la concesión de las prestaciones por dependencia y que ha constatado que "ha disminuido de modo considerable" el número de quejas sobre esta ley, lo que achacó a la "agilización" de los expedientes relativos a esta materia por parte de ese departamento.

Asimismo, explicó que recibieron reclamaciones sobre la excesiva duración de los trámites para el ingreso de mayores en residencias públicas; la existencia de barreras en edificios públicos, vías públicas y transporte urbano, y la falta de la asistencia sociosanitaria adecuada para las personas con enfermedad mental. También incidió en que el Procurador del Común intervino de oficio para reforzar el apoyo y la atención a los niños y jóvenes expuestos a la violencia de género.

En materia de Educación, resaltó las quejas sobre la libertad de elección de centro y la conciliación de la vida familiar y laboral, ante lo que Amoedo indicó que desde la institución se planteó la necesidad de "extremar la regularidad de los procesos de admisión de alumnos" y de establecer "servicios complementarios de transporte y comedor escolar de calidad". Asimismo, aludió a las reclamaciones por falta de medios para la educación especial, en especial para la atención a los niños autistas.

Funcionarios y Sanidad

En el área de Función Pública, Amoedo destacó los pronunciamientos sobre la necesidad de motivar las puntuaciones de los órganos de selección del personal, de que la mayoría de los miembros de los tribunales de oposiciones cuente con la titulación exigida para las plazas convocadas y de mejorar la difusión de las convocatorias.

Además, remarcó que "un importante número de funcionarios" se dirigió a la institución para denunciar "situaciones personales insostenibles con la conciliación de la vida familiar y laboral", y pidió que se convoquen anualmente los concursos para personal funcionario de la Comunidad, una propuesta que recordó que fue asumida por la Consejería de Hacienda.

En materia de Sanidad, el Procurador del Común destacó la solicitud de implantación de las llamadas unidades de cirugía sin sangre, el reintegro de los gastos médicos para la adquisición de cascos craneales para menores prescritos por personal del Sacyl y no aceptado por la Consejería, las quejas sobre los plazos y las listas de espera, y la "creciente preocupación de los castellanos y leoneses" por la tutela de sus datos de carácter personal y la salvaguarda de su intimidad en materia sanitaria.

En el ámbito del urbanismo, indicó que en 2010 continuó la tendencia decreciente del número de quejas, que achacó al estancamiento de la actividad inmobiliaria por la crisis. Amoedo resaltó que el mayor grado de irregularidad se produjo en la concesión de licencias prescindiendo del procedimiento legal establecido.

También aludió a la ausencia de la tramitación de las denuncias de los ciudadanos sobre la protección de la legalidad urbanística y recordó que se recomendó que se garanticen los principios de publicidad, concurrencia y transparencia en los procesos de adjudicación de las viviendas de protección pública.

En cuanto a Medio Ambiente, las reclamaciones se centraron en la contaminación acústica, por lo que el Procurador volvió a pedir a los ayuntamientos que intervengan en estos casos y a las diputaciones y a la Junta que ejerzan las competencias subsidiarias que tienen para hacer que se cumpla la normativa.

En materia de Obras Públicas, Amoedo comentó que la mayor parte de las quejas se refirieron a la tramitación del procedimiento expropiatorio y, en especial, al retraso del pago del justiprecio, mientras que en el área de Bienes y servicios municipales volvieron a destacar las relacionadas con el servicio de abastecimiento de agua potable.

Por último, en el área de Cultura, el Procurador del Común indicó que se reiteró la necesidad de concluir los expedientes de declaraciones de los Bienes de Interés Cultural "iniciados hace décadas".