SECTORIAL DE SERVICIOS SOCIALES

Alicia García se compromete a que el nuevo sistema de gestión de fondos de la x solidaria no afecte al tercer sector castellano y leonés

  • La consejera de Familia reclamará al Gobierno que se financien todos los proyectos puestos en marcha

Ical

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Alicia García, se ha comprometido esta mañana a que en Castilla y León las entidades del tercer sector no se verán afectadas por el nuevo sistema de gestión mixta de fondos de la X solidaria.

El nuevo modelo ha sido aprobado por el Consejo Interterritorial de forma unánime y comprenderá un tramo autonómico y otro estatal, aunque falta por definir los porcentajes. El cambio se produce después de que la Genernalitat de Cataluña presentase una demanda al entender que el Estado invadía competencias de las comunidades al gestionar estos fondos. Finalmente, el pasado mes de enero, el Tribunal Constitucional fallaba a favor del gobierno regional catalán, y desde entonces el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha trabajado en colaboración con las entidades del tercer sector para llegar a un acuerdo.

Para Alicia García, el haber aprobado el nuevo modelo de gestión mixta servirá para "dar estabilidad de cara a la próxima convocatoria" y ha garantizado que en Castilla y León "esos fondos irán a las entidades del tercer sector" en su totalidad. En este sentido, la consejera declaró que "las comunidades autónomas debemos ser responsables porque debemos dar estabilidad del tercer sector".

Por otra parte, recalcó que pedirá al Estado que se financien todos los proyectos que estaban en marcha porque "no podemos interrumpirlos". Así insistió en que demandará "que no pierdan un euro" con respecto a la convocatoria anterior, cuando el tercer sector castellano y leonés recibió 20 millones de euros que se distribuyeron entre un centenar de entidades para desarrollar más de 350 programas.

Quedan por definir los porcentajes que gestionarán las comunidades autónomas y el Estado por su parte, así como las competencias que tendrá cada institución. Esa letra pequeña se debatirá la próxima semana en comisión delegada y será el consejo interterritorial quien lo apruebe en dos semanas aproximadamente. Asimismo, se acordado crear un grupo de trabajo con el objetivo de establecer el modelo de gestión de futuras convocatorias.