Las Cortes han aprobaron por unanimidad de los tres grupos el derecho de los ciudadanos de Castilla y León a contar con unos recursos mínimos para poder vivir, conocido como renta garantizada de ciudadanía, que incluso podrán reclamar a través de los tribunales, si bien habrá que esperar a la elaboración del reglamento por parte de la Junta para que la ayuda, no inferior a 425,6 euros, sea efectiva para los posibles beneficiarios.

"Cómo nos gustaría decir que ya es hora, pero deberán pasar unos meses más para que la percepción sea efectiva", exclamó el socialista Francisco Ramos al inicio de su intervención, para referirse a que falta aun la aprobación del reglamento, para el que se fija el plazo de seis meses, antes de tener derecho a la ayuda. Con ese argumento, afeó que no se haya cumplido la promesa del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, de que la renta de ciudadanía sería una realidad en agosto de 2009.

Ramos, pese a entender que la renta que se aplicará será "poco ambiciosa", anunció el voto a favor, argumento que motivó que, poco después, la popular Ángeles Ármisen acusara a la oposición de hacer "demagogia" y de no creer en lo que se acuerda en el diálogo social. "Hoy se hace realidad el principio de la solidaridad con las personas que más lo necesitan", defendió.

Ármisén criticó que al PSOE sólo le ha interesado el debate sobre el plazo y no que se pone en marcha un derecho subjetivo, en el que "lo importante son las personas". "Han buscado el titular ante la imposibilidad de oponerse a una ley pactada en el diálogo social", añadió, mientras Ramos recordó la importancia de agilizar el periodo para el acceso a la ayuda.

En un debate plagado de reproches, pese a que la ley se aprobó por unanimidad, el socialista Francisco Ramos volvió a defender las enmiendas ?mantuvo 16 de 54 presentadas- para evitar la exclusión de la prestación a los mayores de 64 años, corregir desequilibrios de las provincias sobre el Ingreso Mínimo de Inserción o garantizar la obligación de la administración a disponer los recursos para la formación. "Cómo hacer un curso, si nadie le organiza", afirmó, para lamentar que no se haya recogido ese "doble derecho" para una renta de "última generación", como señaló que existe en otras comunidades.

Ninguna de las propuestas socialistas fue aceptada por la popular Ángeles Ármisen, quien acusó a la oposición socialista de haber mantenido sobre el debate de esta ley un doble lenguaje, uno en el seno de la tramitación en las Cortes, donde no se podían oponer a una ley pactada en el diálogo social, y otra pública para buscar el titular. Armisén argumentó que no se excluye a los mayores de 64 años porque éstos, a los 65, ya entran en el régimen de pensiones de la Seguridad Social. Sobre el llamado "doble derecho" por Ramos, la popular replicó que los itinerarios de empleo se dirigen a todos y no se pueden limitar a los preceptores de la renta de ciudadanía.

La parlamentaria popular rebatió también que la renta de ciudadanía sea un "IMI mejorado", como señaló Ramos, y recordó que la primera es un derecho subjetivo, aprobado por ley, que se podrá reclamar judicialmente y se dirige a casos de carencia temporal de recursos, mientras que el segundo se acuerda por decreto e incide en los casos de marginalidad.

Avances

El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, destacó, en la presentación del proyecto, el carácter complementario para las personas que reciben el Ingreso Mínimo de Inserción, que verán igualada esa prestación hasta los 425,6 euros mensuales mínimos de la renta, que es el 80% del IPREM, y la ampliación del concepto de unidad familiar a la convivencia de dos o más personas en un mismo domicilio unidas por un grado de parentesco o familias monoparentales. "Es un avance en la ley", subrayó, después de incidir en que se desarrolla un derecho subjetivo recogido en el Estatuto de Autonomía.

El proyecto de ley por el que se regula la renta garantizada de ciudadanía, que ha llegado a las Cortes con el acuerdo del Consejo del Diálogo Social ?órgano en el que está el presidente de la Junta, los sindicatos y la patronal-, se define como una prestación social y económica para personas que se encuentren en situación de exclusión social, ya sea por la falta de ingresos por la pérdida de un empleo o por la dificultad para acceder a un puesto de trabajo.

Sin embargo, entiende el proyecto que esta situación no puede convertirse en ningún caso en una "medida desincentivadora de acceso al empleo", aunque la renta de ciudadanía es un derecho recogido en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Los beneficiarios serán personas de entre 25 y 64 años con domicilio y empadronados en alguno de los municipios de la Comunidad al menos un año antes de la presentación de la solicitud.

De este plazo de un año estarán exentos los emigrantes castellanos y leoneses retornados de otros países, las mujeres víctimas de violencia de género que hayan cambiado por este motivo de domicilio, extranjeros refugiados y quienes se encuentren en situación de necesidad extrema.