La ley que regula la Renta Garantizada de Ciudadania se aprueba este martes en el pleno extraordinario de las Cortes y los beneficiarios podrán comenzar a solicitarla a mediados de septiembre. Se trata de un derecho fruto del diálogo social que ha contado con el apoyo del PSOE. Para los sindicatos, este acuerdo sitúa a Castilla y León a la vanguardia de otras comunidades autonómas.
Dará cobertura, como mínimo, a los perceptores del Ingreso Mínimo de Inserción que hasta octubre de 2009 alcanzaron los 26.300 beneficiarios. Eso sí, éstos verán incrementados sus ingresos, una cantidad que podría ascender hasta los 692 euros según las cargas familiares.
Por cuantía, la Comunidad se sitúa también por delante de otras comunidades, como la valenciana, donde la prestación de referencia se sitúa cerca de los 374 euros. Podrán solicitarla los ciudadanos de Castilla y León de entre 25 y 64 años, extranjeros y mujeres víctimas de violencia de género.
Otro punto importante, la ley irá acompañada de medidas de reinserción para que los destinatarios de esta renta puedan superar su situación de exclusión social. En el presupuesto autonómico se comprometerá una inversión anual de entre 21 y 35 millones de euros.