El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha admitido a trámite una querella presentada contra la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, por presunta estafa, delito societario y falsedad documental, según confirmó a Europa Press el abogado responsable de la querella, Diego de Ramón.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha solicitado un informe de las presuntas irregularidades a los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que gestionan la entidad desde la intervención del pasado mes de julio.
En concreto, Marlaska pide a los administradores del Banco de España que remitan toda la información sobre "cuantas irregularidades e incumplimientos de la normativa bancaria se pudieran haber cometido por los anteriores responsables de la entidad" contra la normativa de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
La Fiscalía Anticorrupción ya abrió una investigación de oficio contra la antigua cúpula de la CAM por estos hechos y tendrá ahora que personarse en la causa abierta por la Audiencia Nacional. El caso está en manos del fiscal José Miguel Alonso, dependiente de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Las pesquisas se centran en los informes emitidos por los interventores del Banco de España y los administradores del FROB tras la intervención, que reflejan que los responsables de la caja valenciana trataron de "engañar a las autoridades monetarias del Banco de España para que no fuese intervenida".
En este sentido, en los informes figura cómo la CAM comunicó a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros el pasado mes de marzo cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
Además, se investigan las causas del despido disciplinario impuesto el pasado 28 de septiembre por el Banco de España a la exdirectora por haber pactado con el expresidente de la caja Modesto Crespo una pensión vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, con una revalorización del 2% anual desde su jubilación, y un sueldo de 593.040 euros.
Los gestores del FROB solicitaron el despido al considerar que Amorós "actuó en beneficio propio al calcular su propia pensión vitalicia", así como por "falsear las cuentas para ocultar la debilidad financiera de la entidad" y por llevar a cabo una "deficiente gestión".
María Dolores Amorós asumió la dirección general de CAM en noviembre de 2010, y el 10 de agosto de 2011, una vez intervenida la entidad, los interventores la destituyeron temporalmente de sus competencias, si bien hasta su despido disciplinario seguía cobrando su sueldo.