La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, denunció hoy los "actos de sabotaje" protagonizados por los empleados del servicio de limpieza viaria y recogida de basura de la ciudad en los tres primeros días de huelga que mantienen. La regidora acusó a los trabajadores de llevar a la práctica una "huelga preventiva" y anunció que tres de los empleados han sido denunciados por la vía penal por intentar bloquear con tornillos la apertura de varios contenedores. Además, según denunció Fernández Merayo, "no se está cumpliendo ningún servicio mínimo".
Ante esa situación y tras el rechazo esta mañana de la asamblea de trabajadores al acuerdo auspiciado por los responsables municipales, la alcaldesa avanzó que el Ayuntamiento "explorará todas las posibilidades" para acabar con la huelga. "Los vecinos de Ponferrada no se merecen que la situación esté como está", sentenció Fernández Merayo, que consideró que admitió sentir "decepción y sorpresa" por el rechazo al acuerdo.
Según detalló la regidora, el acuerdo mencionado se alcanzó a última hora del día de ayer en una reunión entre empresa y trabajadores en la que los responsables municipales ejercieron de mediadores. El documento, "respaldado unánimemente por todas las personas presentes", reclacó la alcaldesa, recogía "el 90 por ciento de las peticiones de los trabajadores", por lo que los representantes del Ayuntamiento abandonaron el encuentro con una "sensación optimista de trabajo bien hecho".
Tras el rechazo del acuerdo, la regidora se preguntó por los motivos que han provocado la negativa de los empleados, así como por el alcance de su rechazo respecto a los puntos contenidos en el documento. En ese sentido, Fernández Merayo recalcó que el acuerdo garantiza el mantenimiento del convenio colectivo vigente, firmado en 2013. "Esos derechos consolidados se mantendrán independientemente de que el servicio se subrogue a otra empresa", aseguró la regidora, que recordó que el contrato adjudicado a FCC está pendiente de resolverse tras ser anulado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En esa línea, la regidora subrayó que el "caballo de batalla" de los empleados tiene que ver con el hecho de que la hipotética nueva empresa que asuma el servicio respete su antigüedad, algo que el Ayuntamiento no puede garantizar. "No sabemos qué dirá el TSJ, por lo que el Ayuntamiento no puede comprometerse en nombre de una empresa futura", resumió. "No nos pueden pedir que demos ese paso más allá, insistió la alcaldesa.
En cuanto a los pasos a dar de cara al futuro, Fernández Merayo avanzó que los responsables del Consistorio continuarán con su ronda de reuniones tanto con los empleados como con la empresa, aunque recordó que "las ofertas caducan". "Los empleados pueden encontrarse con que tengan que empezar a negociar desde cero", advirtió.
En esa línea, subrayó que, en caso de quedar adscritos al convenio provincial, los trabajadores perderían un 20 por ciento de su salario. Al respecto, la regidora recalcó que los empleados de Ponferrada cobran un 30 por ciento más que el resto de empleados de su categoría en el Ayuntamiento y un 20 por ciento más que la media de los trabajadores de los servicios de recogida de basura en Castilla y León.
Por su parte, la concejal de Hacienda, Amparo Vidal, insistió en la necesidad de "respetar las reglas del juego" del proceso de licitación por el que FCC se hizo con la concesión del servicio en 2014. "Si pudiéramos hacer otro pliego de condiciones, ya estaría solucionado", recalcó, y apeló a los trabajadores para que "piensen en el esfuerzo que se está haciendo para salir de esta situación endiablada".
En ese sentido, Vidal detalló que el acuerdo auspiciado por el Ayuntamiento obligaba a FCC a poner en marcha una subida salarial del uno por ciento y la recuperación de una paga extra, así como de otros derechos a los que habían renunciado con anterioridad, y que se verían reconocidos "hasta la subrogación". En caso de que una nueva adjudicataria se hiciera con el servicio, "habría que negociar un nuevo convenio", admitió.