Trece organizaciones, entre las que se encuentra FES-UGT y CCOO, presentaron este viernes en Madrid el manifiesto 'La sociedad civil en defensa de las cajas de ahorro' e instaron al Defensor del Pueblo a recurrir al Tribunal Constitucional las nuevas exigencias de solvencia exigidas por el Gobierno en el Real Decreto (RD) Ley 2/2011, que sólo persigue "liquidar" estas entidades.
El secretario general de la Federación de Servicios Financieros de CCOO, José María Martínez, denunció que las nuevas exigencias planteadas a las cajas frente a los bancos suponen una discriminación para las primeras y "un desprecio al principio de seguridad jurídica". "Las entidades financieras españolas tienen que cumplir lo que no tiene que cumplir ninguna otra de ningún país de la UE", recoge el manifiesto entregado al Defensor del Pueblo.
El objetivo final del Gobierno, denuncian los firmantes del manifiesto, es "atacar el modelo de las cajas para que desaparezca", lo que también pone en la cuerda floja la Obra Social y los servicios que prestan en el medio rural.
El acto estuvo dirigido por el catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Antonio Maroto, quien denunció que "la liquidación de las cajas sería la gran desamortización del siglo XXI". Así, subrayó que la mitad de las entidades financieras, que son de la sociedad, pasará a ser de unos pocos, desaparecerá el dividendo social y los sistemas de inclusión financiera para colectivos que no son de interés comercial para los bancos, y se reforzará el poder de la economía financiera sobre el sistema productivo.
Si el Defensor del Pueblo no atiende su petición de presentar un recurso de inconstitucionalidad, los firmantes del manifiesto anunciaron su intención de impulsar otras acciones judiciales para frenar la reestructuración.
La petición está respaldada, además de por los dos principales sindicatos, por otras organizaciones sindicales como Csica y CIC, las organizaciones de consumidores Adicae, Ceaccu, Cecu y Facua; la Plataforma de Acción Social y la del Voluntario de España; la European Anti Poverty Network; el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la ONG para el Desarrollo de España.
En el manifiesto, las organizaciones hacen "un llamamiento a la ciudadanía, a los municipios, a las comunidades autónomas, a las instituciones del Estado y al Gobierno de la nación para que se mantenga el carácter social de las cajas". En su opinión, el Real Decreto sólo persigue "la conversión acelerada de las cajas en bancos", provocando "incertidumbre" en el sector. "Claramente, el objetivo es terminar con el modelo social que representan las cajas, aprovechando las dificultades que atraviesan algunas, en lugar de pedir las responsabilidades correspondientes", denuncian. En este sentido, el manifiesto pide impulsar todos los mecanismos para que los gestores de las cajas que hayan incurrido en mala gestión asuman sus responsabilidades.