El Grupo Socialista pedirá en las Cortes, a través de dos iniciativas, que la Junta de Castilla y León impulse medidas que impidan que el 15% de los hogares de Castilla y León no tenga suficiente 'confortabilidad', porque muchas familias no puedan pagar los recibos de la luz, el agua o el gas, cuando, a juicio de la viceportavoz, Ana Redondo, deberían considerarse un derecho.

El hecho de que la condiciones no sean buenas provoca, añadió, enfermedades, sobre todo en la población con mayor riesgo, como son las personas mayores. "Es un problema grave porque la pobreza energética se está cronificando", sostuvo, para añadir que es necesario que el Decreto de Medidas Urgentes, aprobado por la Junta, no se quede sólo en el pago de la hipoteca o la alimentación, sino que incida también en el abono de estos recibos para las personas que no pueden afrontar el gasto.

Las propuestas están dirigidas a incrementar la Renta Garantizada de Ciudadanía para incluir este concepto o para el desarrollo de planes específicos. "Nuestro modelo no es el de caridad, sino el de los derechos a una vida digna", subrayó, para remarcar que estas propuestas son "coherentes" con el modelo fiscal del PSOE para financiarlas.

En concreto, la procuradora Ana María Muñoz de la Peña, quien calificó la situación de "insostenible" para muchas familias, abogó por tomar medidas para evitar que se esté cortando la luz, el agua o el gas a las familias porque "es una cuestión de humanidad".

Así, una de las Proposiciones no de Ley que defenderá el PSOE en el Pleno de las Cortes pedirá que se realicen o impulsen las modificaciones normativas oportunas para establecer la prohibición del corte en el suministro de agua, electricidad y gas a aquellas familias deudoras en estos servicios por encontrarse en situación de vulnerabilidad económica o tener un nivel de ingresos igual o inferior al establecido en la Renta Garantizada de Ciudadanía, bajo el control o tutela de los servicios sociales en todo el procedimiento.

El objetivo, recalcó Ana María Muñoz de la Peña, es que se consideren los servicios de agua y energía como "básicos" y se garanticen como tal a los hogares. Mismo objetivo que el de la segunda Proposición no de Ley que el PSOE también defenderá en sede parlamentaria que persigue que se establezca un suelo social que dé solución definitiva a las situaciones de pobreza energética.

También trata de que se articulen medidas tendentes a mejorar la capacidad de pago de los hogares afectados por la pobreza energética en las épocas tanto de frío como de calor inteso, así como el inicio de una vía de negociación y diálogo con las empresas energéticas a fin de que establezcan moratorias del corte de suministro de electricidad, gas y agua, para aquellas personas que por circunstancias de pobreza sobrevenida, de pérdida de empleo o prestaciones o por causa de sobreendeudamiento, se encuentren en situación de pobreza energética.

Del mismo modo, solicitan que se contemple dentro del presupuesto de la Renta Garantizada de Ciudadanía las cantidades necesarias para cubrir las necesidades en esta materia básicas de los ciudadanos y las familias.

Por último, consideran necesario que la Junta se dirija al Gobierno de España con objeto de que impulse la transposición íntegra y adecuada de las Directivas 2009/73/CE y 2009/71/CE del mercado interior de la electricidad y gas, incorporando al combate contra la pobreza energética como prioridad de la política energética española.