El Gobierno está dispuesto a retrasar el cierre de la central nuclear de Garoña para mantener puestos de trabajo, a cambio de un pacto global en pensiones y reforma laboral, según han avanzado fuentes del Ejecutivo, que ven cerca un principio de acuerdo.
La idea, según aseguraron CCOO y UGT, no tiene el más mínimo fundamento, e incluso señalaron que cuando se ha hablado de ampliar las negociaciones a cuestiones como la industria o la energía no se ha entrado en detalle "y mucho menos" sobre el futuro de las centrales nucleares.
"Si dijimos que no estamos dispuestos a cambiar cromos" en la negociación de las pensiones, en alusión a la posibilidad de un acuerdo a cambio de poner más requisitos al despido colectivo por pérdidas económicas que incluye la reforma laboral, "mucho menos lo estamos en esta ocasión", señaló Fernando Lezcano, portavoz de CCOO.
Lezcano insistió en que la negociación de las pensiones tiene entidad por sí misma y para los sindicatos "no es objeto de cambalaches", una afirmación que suscribe UGT según fuentes de este sindicato.
El punto clave de la negociación, han apuntado las fuentes, son los requisitos que deberían cumplir los trabajadores para jubilarse con la pensión a los 65 años; el Gobierno ha propuesto 41 años cotizados y los sindicatos piden rebajar esa cifra.
En la negociación global que se ha puesto en marcha para intentar cerrar un pacto social, los representantes de los trabajadores han planteado la posibilidad de prorrogar la vida útil de las nucleares como una vía para evitar la desaparición de puestos de trabajo.
El primer cierre previsto sería el de la planta de Garoña (en 2013) y, aunque el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha opinado esta mañana que esa decisión era firme, el Gobierno está dispuesto a ceder y revisarlo si los agentes sociales aceptan un "paquete global".
El Ejecutivo aspira a que ese acuerdo de conjunto, además de la reforma del sistema de las pensiones y el desarrollo de la reforma laboral, incluya también la política energética e industrial.
Según las fuentes del Ejecutivo, de la central burgalesa de Garoña dependen alrededor de 1.800 puestos de trabajo.
El desarrollo de la reforma laboral es otro de los asuntos que se encuentra sobre la mesa de negociación con los agentes sociales, donde se estudia una nueva modalidad de contratación parcial que, han añadido las fuentes, podría acercar a las partes.
Si se alcanzara hoy un principio de acuerdo, sindicatos y empresarios continuarían las conversaciones de forma bilateral para intentar cerrar otras reformas en marcha, como la de la negociación colectiva.
De no llegar a un pacto, han insistido las fuentes, el Gobierno mantiene su decisión de aprobar la reforma de las pensiones el 28 de enero y de decidir unilateralmente sobre la negociación colectiva a finales de marzo.
Mientras, continúan los contactos con los grupos parlamentarios.
Según han apuntado las fuentes del Ejecutivo, fue el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien decidió que Caldera se ocupara de esta negociación con el fin de explicar con claridad la reforma planteada.