El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Real Decreto Ley sobre 'Acceso Universal al Sistema Nacional de Salud (SNS)', que garantiza que todas las personas sean atendidas en igualdad de condiciones en España.  En la rueda de prensa posterior, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, aseguró que el país "disfruta de una sanidad pública de calidad del que tenemos que sentirnos muy orgullosos y que hoy se fortalece al recuperar su carácter universal''.

Esta normativa representa un cambio de modelo en la atención sanitaria en España. La titularidad del derecho a la asistencia en el SNS se basa en la condición de ciudadanía y su reconocimiento se desliga, por tanto, de la condición de asegurado. ''De este modo, el acceso a la atención sanitaria en condiciones de equidad y de universalidad es un derecho básico de toda persona'', añadió la titular de Sanidad.

Beneficiarios

El RDL reconoce como titulares del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria a las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan residencia en España.

También a aquellas personas que no teniendo su residencia habitual en territorio español tienen reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en España por cualquier otro título jurídico, como por ejemplo son los pensionistas españoles que no residen en España, los trabajadores desplazados o los trabajadores transfronterizos.

Durante su intervención, Montón explicó que los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en España tendrán derecho a la protección de la salud en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española.

Sostenibilidad del sistema

La norma garantiza el derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones a todas las personas que se encuentren en el Estado español. De esta forma, permitirá que reciban atención sanitaria normalizada los colectivos que quedaron excluidos con el RDL 16/2012 aprobado y ejecutado por el Gobierno del PP.

Además, la ministra de Sanidad subrayó que para no comprometer la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud y evitar el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria, respecto a estos colectivos, la asistencia sanitaria será con cargo a los fondos públicos de las administraciones competentes siempre que se cumplan los siguientes requisitos: no tener la obligación de acreditar la cobertura de la prestación sanitaria por otra vía, en virtud de lo dispuesto en el derecho de la UE, los convenios bilaterales y demás normas aplicables; no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen o procedencia, y no existir un tercero obligado al pago

En todo caso, la asistencia sanitaria a estos colectivos no genera un derecho a la cobertura sanitaria fuera del territorio español financiada con cargo a los fondos públicos.