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martes, 18 de enero de 2011
La segunda reunión del grupo de trabajo que estudia el posible canon a las eléctricas ha sido fructífera. Unanimidad de los grupos parlamentarios y del Gobierno en gravar el impacto medioambiental que causa el aprovechamiento industrial del agua embalsada y el trasporte de electricidad a través de las líneas de alta tensión.
No se trataría por tanto de un canon, sino de dos impuestos medioambientales que ya se aplican en comunidades como Asturias, Galicia y Extremadura. Castilla y León se reunirá con ellas para conocer cómo gestionan estos tributos y también informará a las eléctricas siempre y cuando la comisión nacional de la energía garantice a la comunidad que los dos nuevos impuestos no van a repercutir en la factura de los ciudadanos. El Gobierno descarta poder aprobarlos antes de las elecciones.