El pleno de las Cortes de Castilla y León, con los votos en contra del Partido Popular, rechazó hoy una proposición no de ley del Partido Socialista en la que se solicitaba que el acceso a las prestaciones que contempla la Ley de Dependencia se produzca con efecto retroactivo desde el 1 de julio de 2015 para las personas dependientes de grado I que ya tienen reconocido el derecho a recibir la ayuda.
En la propuesta, también se planteaba que el acceso a las prestaciones se produzca con seis meses de retroactividad desde el reconocimiento de las mismas y que la Junta habilite el crédito suficiente para atender a las personas dependientes de grado I que se van a incorporar a este sistema de protección social a lo largo de este año.
La 'popular' Mar González argumentó el rechazo de su grupo asegurando que la proposición del PSOE se fundamenta en "interpretaciones engañosas" y afirmó: "Se nos está pidiendo que incumplamos una ley que eliminó retroactividad".
La procuradora del PP también destacó que la Junta está resolviendo con normalidad y de "forma inmediata" todos los expedientes, y que mientras en Castilla y León el 92,2 por ciento de las personas dependientes están recibiendo prestaciones, este porcentaje baja al 78 por ciento en comunidades como Andalucía. Además, resaltó que en la Comunidad el 37,6 por cientos de los dependientes de grado I tiene reconocido su derecho a la ayuda, el doble que en el conjunto de España.
La procuradora del PP también resaltó que las prestaciones de la dependencia están "sobradamente" garantizas en el presupuesto de la Junta, y recordó que, por novena vez, la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad "ha recibido un sobresaliente por la Asociación de Directivos de Servicios Sociales.
A su vez, Mar González presentó una enmienda a la moción que recogía solicitar a la Junta que agilice los expedientes de grado I, a la vez que instaba al Gobierno a garantizar la financiación. La misma fue rechazada por el PSOE y el procuradora Marta Olmedo la calificó de "palmadita a la Junta y el Gobierno".
En su argumentación Marta Olmedo acusó al PP de "falta de compromiso, de maltratar a los cuidadores familiares de los dependientes y de anteponer el presupuesto a las necesidades de las personas". A su vez, también aseveró que el Gobierno del Rajoy se ha dedicado de "desmantelar" la Ley de Dependencia con el "silencio sumiso" del Partido Popular de Castilla y León.
Según recordó la procuradora socialista, con fecha 1 de julio, tras la espera en algunos casos de hasta tres años y medio, la Consejería de Familia está remitiendo cartas a las personas afectadas por la demora a las ayudas a la dependencia -unas 21.000 en Castilla y León-, en las que se las indica que las prestaciones serán efectivas cuando se apruebe la correspondiente resolución sin efectos retroactivos y que la administración tiene seis meses para dictarla.
Olmedo también criticó que con los recortes acumulados "se están violando los derechos de las personas dependientes" y aseguró que además de la reducción del 15 por ciento de las ayudas que reciben los cuidadores del entorno familiar, cada vez son menos las plazas concertadas y las partidas para la ayuda a domicilio.
En su intervención la procuradora socialista puso el ejemplo de una familia que en Andalucía tenía reconocida una ayuda de 315 euros y que al trasladarse a Castilla y León vio cómo la prestación se reducía hasta los 31.
La moción del PSOE contó con el respaldo de Izquierda Unida, Unión del Pueblo Leonés, Ciudadanos y Podemos, que coincidieron en resaltar que la aplicación de la Ley de Dependencia es un servicio social básico que se ha visto "retrasado" y "recortado" por el Gobierno del PP. El procurador Ciudadanos Manuel Mitadiel calificó la proposición de "medida de justicia", mientras que desde Izquierda Unida José Sarrión argumentó que "es necesario recuperar la inversión en servicios sociales, en familia y en igualdad de género".
En términos similares se pronunciaron Luis Mariano Santos (UPL), que afirmó que en los últimos años la aplicación de Ley Dependencia ha dado "un paso atrás", y María Josefa Rodríguez (Podemos), que pidió al PP que no anteponga los intereses "económicos a los intereses de las personas".