Una decena de directores de festivales de cine españoles, entre ellos el responsable de la Seminci de Valladolid, Javier Angulo, han firmado un manifiesto de apoyo al director del Festival de Sitges, Ángel Sala, acusado por la Fiscalía de Barcelona de un delito de exhibición de pornografía infantil por permitir el pase de la película 'A serbian film' en la pasada edición del certamen.
Los directores lamentan que la responsabilidad recaiga en un programador cultural, y no en los "teóricos responsables" de tales contenidos (en todo caso, el director y los productores), apuntan.
Además, recuerdan que la película se ha visto en ciudades como Bruselas, Montreal, Londres, Oporto, Austin, San Francisco, Toronto, Sofía, Hamburgo, Helsinki y Estocolmo; y en los prestigiosos mercados de cine de Cannes y Santa Mónica, "sin que nadie haya elevado denuncia judicial alguna".
En opinión de los directores, "comportamientos como el de la Fiscalía de Barcelona" parecen retrotraernos a épocas de cortapisas censoras contra la libertad de expresión y programación culturales que sinceramente creíamos que pertenecían a la Historia".
Han firmado el manifiesto Javier Angulo (Semana Internacional de Cine de Valladolid), Josetxo Cerdán (Festival Punto de Vista, Pamplona), José Luis Cienfuegos (Festival de Gijón), Antonio Delgado (Documenta Madrid), Javier Martín Domínguez (Festival de cine europeo de Sevilla) y José Luis Rebordinos (Festival de cine de San Sebastián).
También lo suscriben Carmelo Romero (Festival de Cine Español de Málaga), José Sánchez Montes (Festival de Granada, Cines del Sur), Eduardo Trías (Festival de Cine Iberoamericano de Huelva) y Claudio Utrera (Festival de Las Palmas).
La fiscalía acusa a Sala de un delito de exhibición de pornografía infantil por permitir el pase de la película, en la que aparecen dos escenas simuladas que supuestamente pueden traspasar la legalidad: la violación de un recién nacido y otra de sexo con un niño de cinco años.
Considera que Sala pudo cometer un delito recogido en el Código Penal, que castiga con penas de tres meses a un año de cárcel o multa la distribución de pornografía en la que se emplee "la voz o imagen de los menores, alterada o modificada".
Información relacionada