Unas treinta personas permanecen encerradas en la residencia Sor María de Jesús de Agreda a modo de protesta por el desalojo de los internos que este lunes y martes llevará a cabo la Diputación de Soria debido a las obras de rehabilitación del centro. El encierro se inició este domingo y está protagonizado por los integrantes de la plataforma en defensa de la residencia que con esta medida quiere también "mostrar el apoyo" a los ancianos "que deben abandonar la que es su casa", según manifiesta la portavoz, Pilar Ruiz Cacho.
Las personas que protagonizan el encierro se encuentran desde ayer en la capilla de la residencia con el fin de permanecer junto a los internos hasta el momento en el que se inicie el desalojo, previsto para esta mañana. Una medida con la que pretende acompañar a los ancianos "en estos momentos de enorme tristeza y desasosiego", señaló Pilar Ruiz, quien subrayó que todo el pueblo de Ágreda "siente que le echan de su casa". La portavoz de la plataforma insistió en que el desalojo supone para los internos "tener que abandonar su casa, sus raíces y los lazos afectivos que han establecido aquí".
La mayor parte de los ancianos serán trasladados a la residencia Virgen de los Milagros de esta misma localidad aunque seis de ellos ya han sido derivados a otros centros. El centro contaba hasta su desalojo con unos cincuenta internos y una plantilla de medio centenar de empleados. El cierre supondrá la desaparición de 27 contratos temporales.
La plataforma advierte que seguirá luchando por la reapertura de este centro geriátrico y por que siga siendo de carácter público. Ruiz Cacho confió en que se cumplan las promesas de las administraciones de modo que se acometa la inversión prevista y se realicen las obras en el menor plazo posible para adaptar el centro a la normativa actual.
La Diputación aprobó el pasado 15 de diciembre dar el visto bueno a la primera fase del proyecto de rehabilitación del centro por un importe de medio millón de euros. Desde la institución provincial se comprometieron además a incluir en los presupuestos para 2011 una partida de casi un millón de euros para hacer frente a una reforma cuyo presupuesto global supone un coste de 2,8 millones de euros.