El ministro de Justicia, Rafael Catalá, apeló hoy en Burgos a la “obligación de confidencialidad” de la Agencia Tributaria a desvelar el nombre de los 705 contribuyentes presentadores de la Declaración Tributaria Especial (DTE) que, de acuerdo con los análisis realizados, presentan indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales.
Tras expresar su “máximo respeto” a la legislación vigente, señaló que “en materia tributaria hay una garantía de confidencialidad y hay una obligación de confidencialidad por parte de quien dispone de información reservada”. A ello, apostilló que “la información tributaria individualizada es una información que por ley está garantizada su confidencialidad” y, por tanto, dijo, “mientras no se cambie la ley lo que no se puede hacer es incumplirla y, por tanto, dar publicidad a unos datos que son protegidos, personales y que están sometidos a esa confidencialidad”.
Se trata de una de las cuestiones que respondió en su intervención en el II Foro Pyme Burgos ‘Una justicia a la altura de los ciudadanos del siglo XXI’, organizado por Diario de Burgos y Popular. En este marco, indicó: “El debate sobre si deberíamos cambiar las normas me parece muy legítimo, si queremos eliminar la confidencialidad de la legislación tributaria hablemos sobre ello pero no lo haríamos con carácter retroactivo, lo haríamos después de una modificación legislativa y no porque alguien piense que tiene mucho morbo saber quién está en una lista de una determinada regularización fiscal”.
En cuanto a la pregunta de “hasta qué punto es legal que al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, se le meta en el coche tocándole la nuca como si se tratara de un delincuente”, el responsable ministerial aseguró que responde “al procedimiento y a las reglas que se tienen establecidas”, si bien reconoció que “por otra parte le resulta doloroso personalmente” porque Rato es una persona con la que trabajó en el pasado.
En este sentido, relató que, “en primer lugar, hay una acción de investigación por parte de la Agencia Tributaria, hay una puesta en conocimiento de la Fiscalía de esa investigación, hay un traslado al juez de guardia de Madrid de esos hechos, hay un auto de detención y, por lo tanto, eso provoca una entrada y registro”. “Todo tiene bastante razonabilidad de acuerdo con nuestras reglas procesales”, afirmó y, agregó que “hay un protocolo de tratamiento a los detenidos y todo está en ese contexto”.
“Protección de los derechos de todos”
Sin embargo, aseguró no entender “qué hacían los medios de comunicación a la puerta de un domicilio de alguien que va a ser objeto de una entrada y registro como cada día se producen muchas decenas en todo el territorio del país”. Por ello, abogó por “trabajar por la protección de la confidencialidad, trabajar por la protección de los derechos de todos” y precisó que “también de los que son objeto de una detención para ser fruto de una investigación es una obligación de todos”.
En esta línea, abogó por la necesidad de “tener el compromiso de garantizar la presunción de inocencia, de garantizar el buen funcionamiento de nuestro sistema procesal”, del que dijo que “cuando funciona bien somos los primeros en defenderlo” mientras que “cuando no funciona bien y hay alguna violación de la esfera de los derechos de los particulares hay que ponerlo de manifiesto y hay que intentar aclarar qué es lo que no ha funcionado bien para corregirlo, para en su caso exigir responsabilidades y, sobre todo, para que en el futuro no vuelvan a acontecer este tipo de situaciones”.