Ecologistas en Acción y Greenpeace han presentado ante la Audiencia Nacional la demanda contenciosa-administrativa contra la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 3 de julio de 2009 por la cual el Gobierno concedió cuatro años más de vida a la central nuclear de Garoña, a pesar de sus graves problemas de seguridad, fijando el cese definitivo de su explotación en julio de 2013.
La demanda aporta argumentos que demuestran que la citada Orden Ministerial es nula de pleno derecho y, en consecuencia, la central nuclear debe ser cerrada, al no disponer de autorización legal para su funcionamiento, según informaron desde el colectivo Ecologistas en Acción.
Ambas agrupaciones mantienen que se ha demostrado que la central nuclear del Valle de Tobalina ha venido funcionando desde su inicio sin haber obtenido nunca licencia de actividad o licencia ambiental y tampoco la ha obtenido con ocasión del proceso de solicitud de prórroga que se dirimía el año pasado y que culminó con la Orden recurrida.
Dichos colectivos opinan que se ha violado de forma flagrante la legislación vigente, y que en ningún momento se ha sometido la solicitud de prórroga de Garoña a Evaluación de Impacto Ambiental ni esta central ha obtenido la preceptiva licencia ambiental, de tal modo que la citada Orden Ministerial se dictó obviando este preceptivo y esencial trámite.
"Dado que no se han respetado las normas reguladoras de las licencias que deben obtener estas instalaciones, procedería dejar sin efecto la Orden y, en consecuencia, la central nuclear de Garoña debería haber cerrado al expirar el plazo de la autorización provisional que tenía en vigor", manifestó Luis Oviedo, abogado de Ecologistas en Acción y Greenpeace en este recurso.
Vulneración de otras exigencias
Además, ambas agrupaciones ecologistas entienden que se vulneraron otras exigencias legales: por un lado, la necesidad de disponer de una autorización legal de vertido y de suministro de agua, y su estricto cumplimiento; por otro, el adecuado respeto a la propia normativa del Consejo de Seguridad Nuclea, entre otras la Ley 33/2007 de creación del CSN, y a la Ley 26/2007 y al Convenio de Aarhus, sobre derecho a la información ambiental y reguladora de la participación pública en materia de medio ambiente.
Para Greenpeace y Ecologistas en Acción, la decisión del Presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, de conceder un nuevo permiso de explotación de 4 años a la central nuclear de Garoña (propiedad de Nuclenor: 50% Iberdrola, 50% Endesa), fue debida a las presiones del lobby nuclear y de las compañías eléctricas propietarias de la central, empeñadas en evitar a toda costa el cierre de la planta atómica. Con el exclusivo fin de satisfacer sus intereses económicos explotando una central nuclear obsoleta y peligrosa (pero sobradamente amortizada), y sin importarles poner con ello en riesgo la salud de la población y el medio ambiente y el hecho de obstaculizar la implantación de un sistema energético 100 por cien renovable.