Las organizaciones profesionales agrarias (opas) rechazaron el seguro específico por daños de lobos aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno de la Junta, ya que traslada al ganadero la responsabilidad de protegerse de los ataques y le obligan a suscribir una póliza para que le compensen los daños. A juicio de los representantes de los ganaderos, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente debería asumir el coste directamente de perjuicios producidos por estos cánidos o, como abogan algunas opas, hacerse cargo, vía patrimonio, de la totalidad de los daños que provoque la incursión de estos animales en las explotaciones.
Precisamente, las opas lamentaron que el presidente del Gobierno regional, Juan Vicente Herrera, haya incumplido, por un lado, "su promesa electoral de dar una solución al problema" y, por otro, una vez que fue nombrado presidente y en su última reunión con las opas, asumió el compromiso de convocar un encuentro con el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, que no se ha producido, un extremo que denunciado por Asaja, UCCL, UPA y COAG, que criticaron que las características de este seguro se hayan anunciado sin haber sido expuestas previamente a las opas.
Así, UCCL denunció que el fuerte incremento de los ataques de lobos en los últimos años pone en peligro a la ganadería extensiva de la región, "que supone una fuente importante de riqueza y empleos en zonas muy desfavorecidas". Por todo esto, reiteró la necesidad de que la Administración regional compense a estos profesionales la totalidad de los daños producidos, por lo que considera "absolutamente insuficiente" un sistema de seguros que ya ha demostrado en los últimos años su "total ineficacia para solventar este problema y del que la única supuesta mejoría que se ofrece es una agilidad en los pagos que, viendo la situación precaria por la que pasan en estos momentos las arcas de la Junta de Castilla y León, no parece muy viable".
Por su parte, Asaja culpa a la "errónea" política de conservación de la especie la proliferación de estos carnívoros más allá de las áreas en las que hasta ahora habían vivido. La organización agraria no acepta el sistema propuesto por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, dado a conocer este jueves en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno de la Junta, "porque en esencia es lo mismo que ya se ha rechazado una y otra vez, un seguro con el que la Administración se lava las manos y deriva su responsabilidad, que recae en la víctima de los ataques, el ganadero", indicó el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo.
A su juicio, de nuevo la Junta "ignora" las demandas de los ganaderos. La primera, que la Administración asuma el coste de los daños directamente, como hace Galicia. La segunda, que recule en su "inadecuado" Plan de Gestión del Lobo, "que lejos de lograr la compatibilidad de la especie con el medio rural está generando una grave situación de alarma en muchos pueblos en los que la ganadería es prácticamente la única alternativa económica posible para sus pocos habitantes".
Despropósito
Por último, la Alianza por la Unidad del Campo, que forman las organizaciones UPA y COAG, consideran un auténtico "despropósito" el anuncio el seguro obligatorio, después del "sospechoso silencio a lo largo del mes de octubre". "Insisten en una medida demostradamente ineficaz y muy negativa para las economías familiares de los ganaderos, y que tan solo servirá para enriquecer a las aseguradoras", lamentaron.
Con la aprobación del seguro se pone de manifiesto de nuevo el "verdadero interés" que tiene el Ejecutivo regional en convertir a Castilla y León en "tierra de lobos", y en "impulsar la desaparición de la ganadería extensiva, que no puede asumir en una situación de crisis como la actual un sobrecoste por aseguramiento que oscila entre 200 y 300 euros de media por explotación".
La Alianza recordó que son las sentencias judiciales las que "están poniendo en su sitio" a la Administración regional en varios casos de denuncia por ataques de lobos, ya que los tribunales se han pronunciado en los últimos meses con sentencias "favorables a los ganaderos, apelando a la responsabilidad patrimonial de la Junta y condenando a la Administración regional a pagar las indemnizaciones oportunas y las costas del proceso judicial".
UPA y COAG insistieron en recordar que no se conseguirá mejorar la situación de los ganaderos con un seguro obligatorio como solución, "que en este caso es el pago de indemnizaciones directas asumiendo la responsabilidad directa de los daños que originan los lobos y controlando la especie para no poner en peligro a la ganadería extensiva".