Los grupos con representación en las Cortes de Castilla y León insistieron hoy en la necesidad de fijar un suelo social en las negociaciones para una reforma del Estatuto de Autonomía para garantizar los derechos de todos los ciudadanos, mantener la calidad de los servicios públicos, recuperar el gasto perdido y protegerlos de las "veleidades políticas e ideológicas".
Antes de su participación en el Foro de UGT sobre el futuro del Estado del Bienestar y los Servicios Públicos en Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), Luis Tudanca (PSOE), Pablo Fernández (Podemos), David Castaños (Ciudadanos) y Carmen Duce (IU) abogaron por un suelo social como una de las medidas a recoger en la reforma estatutaria, propuesta que también defiende el sindicato convocante de la jornada.
Sin embargo, existen matices en la propuesta por parte de los grupos, ya que Luis Tudanca planteó que sea un 12 por ciento del PIB, lo que supondría 600 millones más de lo que recoge el actual presupuesto para sanidad, educación y servicios sociales; Pablo Fernández estima que se deben incluir otras variables, no sólo el PIB; Carlos Fernández Carriedo habló de negociar el porcentaje.
En la propuesta de borrador de reforma del Estatuto de Autonomía, remitida a por la Junta a los grupos, que se empezará a analizar este miércoles, el Ejecutivo propone que los Presupuestos Generales de la Comunidad garantizarán que al menos el 80 por ciento del gasto no financiero disponible por las consejerías se destine a finalidades sociales.
Fernández Carriedo defendió, en declaraciones previas a la participación de todos los portavoces en una mesa redonda sobre el 'Blindaje de los Derechos Sociales: los Servicios Públicos y su financiación', la calidad de los servicios públicos de Castilla y León conforme a los distintos informes externos y planteó tres puntos para avanzar: el diálogo social, la reforma del Estatuto y el modelo de financiación autonómica.
Sobre los acuerdos del diálogo social destacó el avance en la renta garantizada de ciudadanía, mientras que apostó por la inclusión de un suelo social en el Estatuto, aunque dejó el porcentaje abierto a la negociación y recordó que la disminución del gasto para el pago de la deuda deja un margen para su destino a las políticas sociales.
Cohesión social
"El blindaje de los servicios sociales es un asunto trascendental para Castilla y León y para España", sentenció Tudanca, que abogó por su inclusión tanto en una futura reforma del Estatuto como de la Constitución para "impedir que veleidades políticas y tentaciones ideológicas" realicen recortes, como consideró que ha ocurrido bajo el Gobierno del PP que "ha quebrado la cohesión social y la igualdad de oportunidades".
Tudanca incidió en que los 3.000 millones recortados por la Junta en sanidad, educación, dependencia y políticas activas de empleo han deteriorado los servicios públicos y creado una "fractura y desigualdad" entre los habitantes de las ciudades y de los pueblos, con una pérdida de casi 23.000 habitantes el pasado año.
El socialista reclamó al menos un 12 por ciento del Producto Interior Bruto de la Comunidad para garantizar un mínimo de gasto social y confió en que pueda culminar en consenso en la reforma del Estatuto de Autonomía. Tudanca ligó el empleo y la igualdad en la prestación de servicios como ejes para evitar la "sangría" de la despoblación en la Comunidad.
Pablo Fernández también vinculó el empleo y el blindaje de los servicios sociales con la pérdida de población, a cuyos datos de descenso del padrón se refirió, pero no adelantó que porcentaje quieren para un suelo social, que para ellos debe ir unido a más variables que el PIB. Igualmente, defendió una reforma de la Constitución para blindar no sólo la educación o sanidad, sino además el empleo o vivienda.
Por su parte, David Castaño estimó necesario el blindaje para ofrecer una mejor calidad del Estado del Bienestar y Carmen Duce consideró que se debe abordar una reforma fiscal para un reparto más proporcional y equitativo de la riqueza. Duce, que sustituyó a José Sarrión, reconoció que los servicios públicos de Castilla y León "han aguantado mejor" durante la crisis que los de Madrid o Valencia, pero también apuntó al problema de la despoblación.
UGT Castilla y León presentó, entre las propuestas que remitió a los principales partidos políticos en las pasadas elecciones, una propuesta de suelo social no inferior a 6.000 millones de euros para recuperar los recortes aplicados, puesto que el sindicato estima una pérdida de 20.000 empleos en la Administración y sus órganos en Castilla y León.