La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió este miércoles un comunicado en el que acusa a Caracas de ejercer "una torpe política de Estado a favor de la censura previa" contra los medios venezolanos.
Esta crítica viene después de que un tribunal de protección de menores venezolano ordenara este martes a todos los periódicos venezolanos no publicar fotografías o informaciones sobre violencia después de que los diarios 'El Nacional' y 'Tal Cual' --con una línea editorial crítica con el chavismo-- publicaran el pasado día 13 fotografías de una morgue.
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, afirmó que la decisión de la justicia venezolana es "un elemento más de censura dentro de un esquema gubernamental para silenciar a los medios, especialmente en épocas en que se quieren evadir las imágenes de la realidad dentro de estrategias electorales".
Inseguridad ciudadana
Se da la circunstancia de que el próximo 26 de septiembre tendrán lugar elecciones legislativas en Venezuela, y que la inseguridad ciudadana, especialmente en Caracas, se perfila como uno de los temas de campaña más relevantes.
Según datos ofrecidos por grupos opositores, en Caracas se perpetran una media de 50 asesinatos diarios, y en todo 2009 murieron a causa de la criminalidad en torno a 16.000 personas.
Esta prohibición --cuyo objetivo es, según el tribunal que la dictaminó, evitar la difusión de imágenes "violentas, sangrientas, grotescas, bien sean de sucesos o no" que puedan afectar a niños y adolescentes--, se extenderá durante un mes.
"Estamos frente a un duro golpe a la libertad de prensa, y viviendo un clima de incertidumbre total, por cuanto el periodismo podrá sufrir consecuencias graves sin saber realmente cuáles son los estándares de violencia a los que atenerse para publicar o no informaciones de interés público", afirmó por su parte el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard.
Respuesta del Gobierno
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Venezuela emitió este miércoles un comunicado en el que se defiende de la lluvia de críticas que le está cayendo al Gobierno venezolano a causa de esta decisión judicial, y en el que afirma que el derecho a la protección de la infancia y la adolescencia es superior al derecho a la libertad de expresión, "que no es un derecho absoluto".
"La medida adoptada por el Tribunal 12° de Primera Instancia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes no constituye de forma alguna una violación o restricción ilegítima del derecho a la libertad de expresión y a la información", se puede leer en el comunicado.
"Por el contrario, esta decisión y las acciones desarrolladas por las instituciones competentes responden a una obligación constitucional y legal del Estado venezolano, de carácter indeclinable, de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias para resguardar el goce y disfrute pleno de los derechos y garantías de la infancia y la adolescencia", añade el texto.
"De tal manera, ratificamos que el ejercicio del derecho constitucional a la libertad de expresión y la información o el desarrollo de acciones destinadas a promover tendencias electorales, no puede dar lugar y en ningún caso justifica la vulneración de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes", se puede leer en el comunicado.