El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente equipará la sequía en la cuenca del Duero con un "desastre natural", puesto que considera que supone un "fenómeno climático adverso", que provocará pérdidas superiores al 30 por ciento de la producción media anual. Para ello, incluirá una disposición en el Real Decreto que se está tramitando y que prevé también exenciones del pago de tasas y cánones de riego y el aplazamiento de la cuota de la Seguridad Social.
En ese sentido, el subsecretario del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Jaime Haddad, presentó hoy, ante las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias, el plan de medidas de la Administración General del Estado para paliar los efectos de la sequía, según informaron fuentes de este departamento en un comunicado.
El plan se estructura en cuatro grupos de acciones en torno al seguro agrario, la fiscalidad, el acceso a la financiación y medidas en torno a la Política Agraria Común (PAC), puesto que el Ministerio pedirá el adelanto del 70 por ciento de las ayudas directas y el 85 por ciento de las de desarrollo rural, lo que supone un montante de más de 3.000 millones en todo el país.
Además, y para evitar la pérdida de estas ayudas, se está tramitando la inclusión de una disposición en el Real Decreto por el que se declara la situación de sequía en el Duero, que va a permitir flexibilizar las condiciones de cumplimiento de los requisitos para cobrar el "pago verde" y las medidas agroambientales.
En cuanto a las medidas en tramitación, el subsecretario anunció la tramitación de un Real Decreto-ley por el que se exonera del pago de la tarifa de utilización del agua y del canon de regulación a los titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía hidrológica, que hayan tenido una dotación inferior o igual al 50 por ciento de lo normal. Esto está previsto para la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero, la del Segura y la del Júcar.
A su vez, el Real Decreto-ley contempla una moratoria sin intereses de un año a las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los meses de julio de 2017 a febrero de 2018, ambos inclusive, para los titulares de las explotaciones agrarias afectadas por la sequía, tanto hidrológica como meteorológica.
Resto de medidas
Además de las acciones previstas en el marco de la PAC, en cuanto al seguro agrario, se el Ministerio destacó el compromiso de Agroseguro de agilizar las peritaciones para que la práctica totalidad de ellas estén finalizadas en el mes de julio y la totalidad en agosto. Para ello, se incrementó "notablemente" el número de peritos en el campo hasta un total de 360 en todo el territorio, con el objetivo de que los productores cobren lo antes posible las indemnizaciones. Además, las parcelas aseguradas en el seguro de explotaciones de cultivos herbáceos extensivos que no tengan viabilidad, tendrán la posibilidad de realizar el aprovechamiento en verde.
En cuanto a la fiscalidad, Agricultura subrayó que se ha desatascado la orden de reducción de módulos del IRPF para las producciones afectadas por adversidades climáticas que, para este año se estima en una reducción de la base imponible de 338 millones de euros. Los daños producidos en 2017, especialmente los de sequía, tendrán su reflejo en la propuesta que se elabore para la declaración de la renta de 2018.
Por otra parte, sobre la línea que va a permitir facilitar el acceso a créditos de liquidez a las explotaciones agrarias afectadas por la sequía, contempla subvenciones de hasta el 100 por 100 del coste de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) y un volumen de crédito máximo de 90 millones de euros, que será ampliable en caso de agotarse. No obstante, el Ministerio ya está trabajando en una nueva orden de ayudas de financiación adaptada a los cultivos más afectados por la sequía.