El Plan de Negocio conjunto revela que el ajuste de la red de oficinas que se deriva de la fusión sería del 24%, lo que llevaría a prescindir de 303 oficinas entre las tres cajas implicadas. De esas 303 oficinas el 90% se eliminarán de las ciudades, dejando sólo el 10 para las zonas rurales. En principio se optará por eliminar las de alquiler antes que las de propiedad.
El recorte laboral sería del 21% de la plantilla, es decir, en torno a 1.400 trabajadores, según los datos que presentó el presidente de Caja Duero, Julio Fermoso.
En este sentido, el máximo responsables de la entidad comunicó a los consejeros que la voluntad de las tres cajas es llevar a los Consejos de Administración que tengan que tomar una decisión sobre la fusión de las entidades un acuerdo completo que incluya un pacto laboral con los sindicatos, así como sobre las sedes y organismos institucionales y sobre el organigrama y dirección de la futura caja.
Según informaron las mismas fuentes, ello implicará abrir un periodo de negociaciones inmediato con las centrales sindicales para acordar las condiciones de los ajustes, lo que podría suponer una nueva prórroga en el plazo que se había ofrecido para votar definitivamente la fusión.
No obstante, el aplazamiento sería mínimo y existe la voluntad de que en la primera quincena de noviembre, los consejos puedan reunirse y pronunciarse definitivamente sobre los planes de fusión de las tres cajas.
Los responsables de Caja Duero, Caja España y Caja Burgos consideran que será necesario pedir financiación por valor de 731 millones de euros al Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancario (FROB) para llevar a cabo la fusión de las tres entidades. Un préstamo que deberá devolverse en un periodo de cinco años.
Así se puso de manifiesto durante una reunión extraordinaria del Consejo de Administración extraordinario de Caja Duero en el que se analizó el documento técnico para la fusión y la situación del proceso.
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