El exjefe de Servicio Territorial de Industria en Palencia entre 2003 y 2008 y exconsejero de Medio Ambiente, Francisco Jambrina, aseguró hoy que en el departamento que dirigía en su época de funcionario en la provincia palentina, al igual que en otros de la Comunidad, se actuaba como ''meros buzones'' para realizar trámites previos sobre parques eólicos. Así, añadió que solo se llevaban a cabo las evaluaciones de impacto ambiental, mientras que las concesiones de parques eólicos las realizaba directamente la Consejería de Economía y Empleo de la Junta.
Jambrina compareció este miércoles a petición del fiscal en el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid que investiga el pago de comisiones superiores a los 80 millones de euros a cambio de autorizaciones de parques eólicos en Castilla y León. ''He explicado cómo se realizaban los trámites desde los servicios de Industria en la provincia de Palencia'', dijo, al tiempo que añadió como anécdota que le extrañó la pregunta de si recordaba las peticiones y concesiones de instalaciones de energía en su etapa de funcionario. ''Es difícil recordar cuántas después de tanto tiempo'', explicó, y agregó que el fiscal le aclaró después que fueron más de 300 solicitudes y que finalmente hubo unas 40 autorizaciones.
El testigo sostuvo que el grueso de su declaración judicial por espacio de una media hora se centró contar que los expedientes para construir un parque eólico en Palencia ''se recibían, se registraban si cumplían los requisitos para aceptar la tramitación y, una vez que se realizaba el procedimiento, se enviaba a los servicios centrales de la Junta en Valladolid''.
A su vez, recordó que a la Consejería de Economía y Empleo le correspondía entonces autorizar o denegar la entrada del expediente, o someter la petición para la concesión eólica al denominado trámite de competencia por si algún empresario más estaba interesado en construirlo en la misma zona en la que se presentó una primera solicitud.
''Si había dos empresas interesadas se optaba por la que se consideraba más adecuada y entonces nosotros realizábamos desde Industria en Palencia la evaluación de impacto ambiental donde participaba una comisión colegiada con integrantes de todos los servicios territoriales por las afecciones que podía haber en a urbanismo, medio ambiente, etc. Si era favorable se comunicaba y se hacía un borrador para que se diera vía libre a la instalación y eran los servicios centrales en Valladolid quienes tomaban la decisión final de conceder o no el parque a la empresa que se había elegido'', agregó.
Jambrina significó, a preguntas de un abogado de la acusación particular, que todo el proceso de tramitación respondía a la legalidad. ''Había un funcionario en el Servicio de Industria, ingeniero para más señas, que era muy meticuloso en la tramitación de todos los expedientes. Se conocía toda la normativa de arriba a abajo y actuaba de forma impecable'', puntualizó.
Socios locales
Además, compareció en calidad de testigo Manuel Fernández García, miembro de la empresa Ider, que se dedicaba a la gestión de los trámites para acceder a una autorización de un parque eólico. El abogado de Ecologistas en Accción, Emilio Martínez, que actúa como acusación particular, señaló que el compareciente recordó que en 2003, al iniciarse una nueva legislatura, se produjo un parón en las peticiones de empresas de León que sólo estaban pendientes de la concesión definitiva.
Además, hoy hubo una tercera comparecencia como testigo de Enrique López, un socio de una empresa informática que tuvo una relación con el exviceconsejero de Economía y Empleo, Rafael Delgado, una vez que éste dejó de pertenecer a la administración pública y creó una sociedad. ''Se trata de ver si esta persona colaboró en alguna de las líneas de negocio con las que Delgado obtuvo ingresos cuya presunta procedencia ilegal se investiga en la causa'', explicó el abogado de Ecologistas en Acción, Emilio Martínez.