Por las incidencias de los comedores de León y Segovia

La Junta confirma la sanción de 69.109 euros a Serunión y Grupo Lince

Las dos compañías han abonado ya 45.101 euros a Educación y tienen que hacer frente a otra sanción de Sanidad por importe de 24.008 euros

rtvcyl.es

La Junta de Castilla y León ha multado con 69.109 euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las empresas Serunión y Grupo Lince Asprona por las incidencias detectadas en seis comedores escolares de las provincias de León y Segovia el 9 de octubre del pasado. De esta cantidad, 45.101 euros, correspondientes con los expedientes abiertos por la Consejería de Educación, ya ha sido abonada, según informaron fuentes del Gobierno autonómico.

Asimismo, el Ejecutivo explicó que la administración educativa autonómica desestimó los recursos interpuestos por las dos empresas por los dos expedientes incoados tras los incidentes alimentarios y ratificó la sanción impuesta “en su totalidad”. Además, el Gobierno castellano y leonés aseguró que la cantidad ya ha sido abonada.

Por otra parte, la Consejería de Sanidad ha impuesto otra sanción económica de 24.008 euros a Serunión y Grupo Lince Asprona, tras abrir sus respectivos expedientes por los mismos incidentes. La Junta sostuvo que esta cuantía es “definitiva”, después de realizar diferentes análisis y estimar de forma parcial las alegaciones presentadas por la UTE, concesionaria de este servicio.

La Junta de Castilla y León ha defendido en reiteradas ocasiones el modelo de comedores escolares que se aplica en los centros de la Comunidad por ser el más seguro y sostiene que ha actuado con “contundencia”, ya que apenas tardó 24 horas en rescindir de forma temporal los contratos con la empresa en la provincia de Segovia, ya que se había producido otra incidencia, en relación al caso de los gorgojos en centros de León.

La Junta de Castilla y León finalizó en enero la tramitación de los expedientes incoados a través de las consejerías de Sanidad y de Educación a la UTE Serunión-Grupo Lince Asprona. Al ser comunicados de forma oficial los incidentes alimentarios se realizaron diversas inspecciones por los Servicios Oficiales de Salud Pública. En ellas se constataron distintos incumplimientos de la legislación alimentaria y se levantaron las correspondientes actas de inspección.

Derivado de ello, se iniciaron expedientes sancionadores, a tenor de lo establecido en la Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León, cuya cuantía inicial fue de 89.500 euros. A estas sanciones impuestas por la Consejería de Sanidad, hay que sumar otros 45.101 euros correspondientes al importe global de los dos expedientes (uno por provincia) incoados por la Consejería de Educación. En este caso, se trata de expedientes de imposición de penalidades derivados de las incidencias detectadas. Estos expedientes son tramitados al amparo de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

La Junta de Castilla y León recuerda que los reglamentos europeos basan la seguridad alimentaria en los sistemas de autocontrol implantados en las empresas y en el control oficial que ejerce la administración. El Ejecutivo autonómico ha insistido en diferentes ocasiones en que los hechos acontecidos no pueden ser achacados a los métodos de cocina en ‘línea fría’ en sí,  una técnica de "elevado nivel de seguridad alimentaria", sino a la incorrecta aplicación de los sistemas de autocontrol. Además, el Gobierno autonómico cuenta con un cuerpo de inspectores para la ejecución de los controles oficiales, que se realizan sobre la base del riesgo y dispone de una serie de procedimientos, lo que permite que sean efectuados de forma muy eficiente".