Un año después del plazo marcado por el presidente de la Junta de Castilla y León, la renta de ciudadanía sigue sin estar aprobada y parece que no va a ser cuestión de semanas. En su día se apostó por contar con el apoyo de la mesa del diálogo social, alcanzado el acuerdo hasta abril no se da luz verde en el consejo de Gobierno.
Tres meses después, los grupos no han consensuado la tramitación parlamentaria. Los plazos no se van a acortar a pesar de la propuesta socialista, prácticamente descartada, de celebrar un pleno extraordinario en julio.
El PSOE cree que en época de crisis y ante la gravedad de la situación económica, las instituciones no se deben permitir vacaciones, mientras que el PP cree que ese pleno extraordinario no adelantaría la aplicación porque aún aprobada la ley por las Cortes, el decreto tiene que pasar por el Consejo del Diálogo Social, Consejo Consultivo y Consejo Económico y Social.
Este mes de julio se va a trabajar, pero no para ese pleno extraordinario. Las voluntades se centran en alcanzar un acuerdo para agilizar al máximo los plazos, seis meses marca el reglamento para la tramitación. Si PP y PSOE se ponen de acuerdo para el primer pleno de septiembre, la renta podría ser una realidad a finales de año, si no se prolongaría hasta marzo o abril de 2011.
Los populares van a proponer un pacto a los socialistas para acortar los tiempos que marca el reglamento, guante que recogen.
Con el pleno en septiembre, durante el verano, los grupos trabajarán en las 56 enmiendas presentadas, 54 del grupo socialista.