El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, aprovechó su participación en una jornada de despoblación en Castilla y León, organizada en la Universidad de Valladolid (UVa), para incidir en la necesidad de que la financiación estatal y europea valore la realidad demográfica de la Comunidad y el coste de prestar servicios públicos de calidad en un territorio de interior, con elevada dispersión territorial y un peso importante del mundo rural. A su juicio, es prioritario que las políticas demográficas tengan ''suficiente'' protagonismo en la agenda europea, nacional y autonómica así como que el Gobierno de la Nación y la Comisión Europea tengan en cuenta el coste diferencial de prestar servicios públicos en ámbitos dispersos y rurales.

En su conferencia titulada 'El empleo y la cohesión social como eje de las políticas demográficas', Fernández Carriedo expuso ante los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales que la despoblación es un ''gran problema silencioso'' que afecta a los países desarrollados que comparten una baja tasa de natalidad y un alto envejecimiento de la población, lo que genera un dinamismo demográfico reducido e incluso negativo.

De ahí que destacara las prioridades de la Junta para hacer frente al reto demográfico como el incremento de la actividad productiva y empleo y el impulso de los servicios públicos de calidad porque, en su opinión, es ''difícil'' que alguien se asiente en un territorio si no se crean puestos de trabajo o si no hay una adecuada educación, sanidad, servicios sociales y dependencia. También, mencionó la ordenación del territorio y avanzar en políticas de conciliación, de apoyo a la familia, y de igualdad de género.

Carriedo mencionó la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Trabajo que cuenta con el consenso de los agentes sociales y económicos de la Comunidad y constituye la guía clave sobre la que se basan las políticas activas de empleo hasta el año 2020. Se están impulsando políticas de fomento del empleo basadas en la mejora de la calidad del empleo, de ahí que en 2017 todas las contrataciones se realizaron a jornada completa con un mínimo de 180 días.

También se refirió a la aprobación del proyecto de ley de Ordenación del Territorio para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos, competencia de la Junta, y la gestión de competencias municipales en el medio rural. Por último, destacó los esfuerzos de la administración regional en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Recordó el anteproyecto de la Ley de Conciliación y de eliminación de la brecha salarial de género, que será la primera de España.

Consciente de que el problema de Castilla y León reside, sobre todo, en la negativa evolución del movimiento natural de la población, con baja natalidad y alta mortalidad por la elevada esperanza de vida, y no tanto en el saldo migratorio, el consejero valoró los incentivos fiscales a los nacimientos. Apuntó que se aumentó la deducción en el IRPF por nacimiento del primer hijo en 300 euros, una cifra que se duplica para las familias numerosas.

Por otro, incidió en las ayudas convocadas por las consejerías de Empleo y Familia e Igualdad de Oportunidades para favorecer las excedencias laborales y las reducciones de jornadas entre los padres trabajadores. Esta línea, que se puso en marcha en 2017, se dotó con 690.000 euros aunque la idea del Ejecutivo nacional era abordar todas las demandas presentadas. Este ejercicio aumentará y el objetivo es llegar a duplicar la cifra inicial, con 1,6 millones de euros en el horizonte de 2021 para que ''ninguna mujer tenga que abandonar el mercado de trabajo por el hecho de ser madre''. También citó otras ayudas para favorecer el ascenso profesional de las mujeres y otras de conciliación como el programa Crecemos y Madrugadores y en materia de dependencia.

Carlos Fernández Carriedo expuso que, en la actualidad, Castilla y León suma más mujeres trabajadoras que antes de la crisis económica en 2007. Han pasado de representar el 37 por ciento del total del mercado laboral al 43 por ciento aunque abogó por alcanzar el 50 por ciento.

Recordó que la baja tasa de natalidad es un fenómeno que afecta a toda Europa pero también al resto del mundo. No en vano, los diez países mundiales con más nivel de natalidad están en África, (encabezado por Angola), seguido de Afganistán. En Asia, el menor índice se da en Japón y Corea del Sur.

Afiliados extranjeros

Fernández Carriedo expuso que hay castellanos y leoneses que salen de España en busca de oportunidades pero también precisó que la cifra de extranjeros empadronados en la Comunidad aumentó el año pasado un 5 por ciento. También hubo incrementos interanuales entre el 6 y 7 por ciento del número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Hasta el punto de que, en la actualidad, hay más de 52.000 personas que trabajan en la Comunidad que nacieron en otros países.

Otro de los intervinientes en el VII Foro Economía & Economistas de la Facultad de Económicas fue el presidente de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro Macarrón, manifestó que la baja natalidad tiene mucha más incidencia en el fenómeno de la despoblación que la emigración. En todo caso, reconoció que se trata de un problema que afecta a todas las sociedades modernas y abogó por tomar conciencia de que es algo ''gravísimo'' para dedicarle la atención necesaria.

Razones culturales

Recordó que toda España tiene un problema de despoblación aunque hay diferencias considerables entre territorios. No en vano, declaró que Andalucía y Murcia tienen unas menores tasas per cápita y más desempleo pero, por contra, cuentan un índice natalidad muy superior a la Comunidad, Asturias y Galicia, entre otras. ''Tal vez, se deba a razones culturales o porque los seres humanos son muy imitativos y en las zonas donde hay niños el resto de la sociedad se anima a tener familia'', precisó.

Macarrón manifestó que las familias deciden no tener hijos por diversos factores que van desde las dificultades para conciliar hasta las ayudas fiscales pasando por la necesidad de adelantar la edad de maternidad o por el aumento de las separaciones y los divorcios.