El Consejo de Cuentas de Castilla y León entregó este martes en las Cortes Regionales un informe relativo a la contratación de la Junta correspondiente al año 2011, en el que se ponen de manifiesto deficiencias en los criterios de valoración de ofertas en los pliegos de cláusulas administrativas, así como una inadecuada motivación en la tramitación de suspensión de la ejecución de contratos, de modificados y prórrogas.

De todas formas, según el Consejo, la Junta “cumple razonablemente” con la legalidad aplicable, excepto por determinadas salvedades que afectan al principio de transparencia de los procedimientos establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. Además, también se aprecia una mejoría en determinados aspectos de la contratación en relación con informes precedentes y se asegura que, “con carácter general, los expedientes están más completos y documentados”.

Según la información proveniente del Registro Público de Contratos de la Administración de Castilla y León y de los órganos de contratación, la Junta adjudicó en 2011 un total de 6.122 contratos por importe conjunto de 474,6 millones de euros. De estos la fiscalización del Tribunal de Cuentas para realizar este informe seleccionó una muestra de 70 contratos por un importe de 124,9 millones de euros, lo que representa un 26,3 por ciento del total adjudicado.

El Consejo de Cuentas entiende que en cuatro de los expedientes analizados no parece justificada la necesidad del contrato a la vista de su objeto; que en uno se produjo fraccionamiento eludiendo los requisitos de publicidad y concurrencia; que en otro caso se agrupó el objeto del contrato de forma contraria a los principios de libre acceso, no discriminación e igualdad de trato entre licitadores y que en 30 expedientes de los 54 tramitados mediante procedimiento abierto, no quedó adecuadamente justificada la elección de los criterios de adjudicación utilizados.

Además también se critica que en los cuatro contratos de la muestra con tramitación de urgencia ésta no se justificó suficientemente y que en cinco adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad por razones de exclusividad, adolecen de una justificación suficiente para esta modalidad.

Por lo que respecta al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas el informe observa, entre otras incidencias que en 15 expedientes no se concreta con exactitud el objeto del contrato; en 10 no se determina con exactitud el plazo de ejecución o este no es coherente con su objeto; y en siete se omite la referencia al pago de los gastos de publicidad.

El informe también refleja que la contratación no comunicada por la Junta al Registro Público de Contratos de Castilla y León ascendió a 186 expedientes por cuantía de 27,2 millones de euros, un 5,7 por ciento del importe de la contratación total.