La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, asegura que el proyecto europeo PACT permitirá mejorar los sistemas de prevención de riesgo de exclusión social con los que viene trabajando la Red de Protección a las Familias de la Comunidad.
Esta iniciativa, tutelada por la Consejería de Familia, cuenta con la colaboración de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) de Castilla y León y de los ayuntamientos de Valladolid, León y Salamanca, así como de la Diputación de Valladolid, ya que será en sus ámbitos territoriales donde se aplique. Además, la Universidad de Valladolid será la encargada de evaluar los procesos.
El proyecto, según destacó la consejera, supone una oportunidad de mejorar el modelo de atención a las personas en riesgo de exclusión, "anticipándonos y dando respuestas eficaces que eviten la entrada en la exclusión". Además, Alicia García resaltó que la Unión Europea seleccionó a Castilla y León para liderar este proyecto ya que "la filosofía y el método de trabajo de la Red de Protección a las Familias de la Comunidad coincide plenamente con las estrategias de la Unión en lo referente a prioridades en la inversión social. Este proyecto nos puede permitir convertir nuestro sistema de protección social en un referente europeo", sentenció.
En este sentido, también se refirió a la Red de Protección, destacando que desde su puesta en marcha atiende a una media de 150.000 personas al año gracias a alguno de los 23 programas sociales que la componen. Además, cuenta con 300 colaboradores y el próximo año tendrá 180 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,5 por ciento respecto a este año.
El proyecto cuenta con un presupuesto de 2,7 millones de euros, de los que 1,9 euros proceden de la financiación europea y 805.214 euros serán aportados por los socios, de los que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades financiará 375.699 euros.
La consejera también subrayó que este proyecto supone una innovación en servicios sociales y el ensayo un nuevo modelo de atención a las personas en riesgo de exclusión social basado en la la alianza público-privada y la "inversión social proactiva".
En la presentación del proyecto, además de la consejera, también participaron el presidente de EAPN, Daniel Duque; el alcalde de Valladolid, Óscar Puente; el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco; el alcalde de León, Antonio Silván; el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el vicerrector de investigación de la Universidad de Valladolid, José Ramón López.
Colaboración
Para Daniel Duque, la "fuerza" de este proyecto es que pone a las personas en el centro de todas las acciones, aunque también destacó la colaboración público-privada, así como los mecanismo de innovación para mejorar la prevención de la exclusión. Además, Duque resaltó que el sistema de protección social de Castilla y León es ya un éxito y ahora "debemos trabajar de la mano para seguir mejorándolo".
Por su parte, Óscar Puente afirmó que todas las administraciones tienen el reto de ser capaces de atender las necesidades de las personas que peor lo están pasando como consecuencia de la crisis, y resaltó que en los últimos años los índices de pobreza continúan incrementándose.
Mientras tanto, Jesús Julio Carnero argumentó que la crisis ha azotado con más fuerza al medio rural y explicó que en el caso de la Diputación de Valladolid las ayudas sociales se han incrementado entre 2012 y 2016 un 519 por ciento. "En estos momentos las políticas sociales son una prioridad y con este proyecto estamos dando un paso más", sentenció.
Para Alfonso Fernández Mañueco, que resaltó que "las políticas sociales no son cifras, y sí personas y familias", argumentó que esta iniciativa permitirá mejorar los mecanismo de integración social. Además, también se refirió a la participación privada y afirmó que "para lograr una sociedad más justas todos somos necesarios, y todos juntos somos más fuertes".
A su vez, Antonio Silván mostró el "compromiso total del Ayuntamiento de León" y además de resaltar la importancia que tienen las medidas preventivas para evitar la exclusión, también resaltó que las políticas sociales deben ser "santo y seña de cualquier administración".
El proyecto se desarrollará a través de tres fases. Una primera fase, de diseño y desarrollo, prevista para los 13 primeros meses. Una segunda fase, de experimentación, que se implementará a partir del decimotercer mes del proyecto y que durará 20 meses. La tercera fase, de evaluación y difusión, se extenderá a lo largo de todo el proyecto, si bien se intensificará en sus últimos meses. El proyecto tiene una duración de treinta y seis meses, arranca en noviembre de 2015 y finalizará en octubre de 2018.