Un centenar de ganaderos de la provincia de Ávila convocados por UPA y UCCL se han encerrado durante más de tres horas en la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para reclamar medidas contra los ataques de lobos sufridos en sus explotaciones en los últimos meses.
El secretario general de UPA en Castilla y León, Julio López, ha señalado a los periodistas que esta medida de presión obedece a que "el Gobierno regional no asume que en los últimos tres meses, los ataques de lobos han supuesto daños por valor de 50.000 euros, que deben hacer frente los ganaderos".
Una representación de estos ganaderos se ha reunido con responsables de la Delegación Territorial de la Junta en Ávila para exigirles un control de los lobos y que el Gobierno indemnice a los ganaderos afectados por los ataques a sus explotaciones, pero según López, "han echado balones fuera".
El dirigente regional de UPA ha subrayado que no apoyan el cambio en la Directiva Comunitaria, que contempla al lobo como una especie cinegética, pues entonces pasaría lo mismo que está ocurriendo al norte del Duero, que no hay ganaderos y sí parques de ocio con lobos, como en Zamora".
Este centenar de ganaderos ha celebrado a primera hora de la mañana de una asamblea en la que se ha decidido acudir a la Delegación Territorial de la Junta en Ávila para exigir una respuesta a los ataques de lobos, acompañados por un ternero muerto a manos de estos animales y un mastín.
Según fuentes de la Delegación Territorial de la Junta consultadas, los ganaderos han mantenido el encierro, "sin dejar salir de ella a ningún funcionario público" y exigiendo una reunión con la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, hasta las tres de la tarde, momento en el que han sido desalojados por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía.
Por su parte, la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, que ha acudido a Ávila a una conferencia sobre la PAC organizada por Asaja, ha señalado que el problema del lobo "es importante y demuestra que hay una realidad que no está bien regulada".
"Se ha producido una expansión de una especie considerada protegida y no puede seguir siéndolo en la medida en que ha crecido su población, poniendo en peligro la estabilidad de las explotaciones ganaderas", ha señalado Clemente, quien ha anunciado su intención de "intermediar" ante la Consejería de Medio Ambiente para que "celebre una reunión con las organizaciones agrarias en la que puedan plantear sus problemas", pues "es la autoridad medioambiental quien tiene que tomar las decisiones".