Contaminación de acuíferos y riesgo de terremotos son algunos de los efectos que puede traer el fracking. Lo recoge un informe elaborado por el Insituto Geológico a instancias del Ministerio. Con el informe en la mano el partido castellano pide la retirada de los 30 proyectos abiertos en Castilla y León.
El Ministerio de Medio Ambiente propone al Instituto Geominero suavizar el informe que le encargó sobre el fracking en el que la institución alerta de los peligros de esta técnica de obtención de hidrocarburos del subsuelo.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Antonio Silván, ha reiterado que en Castilla y León no hay permiso alguno para explotaciones de extracción de gas mediante la técnica de 'fracking' --fractura hidráulica-- pero sí de investigación y todos ellos cuentan con la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental.
Silván, quien ha asistido en Madrid a la Conferencia Sectorial de Agricultura, se ha expresado así en referencia a un posible informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) sobre el 'fracking', que el propio organismo ha aclarado que no versa sobre los riesgos de esta técnica sino que es simplemente una guía sobre la elaboración de las declaraciones de impacto ambiental.
El consejero ha asegurado que desconoce un informe en este sentido y ha aclarado que en Castilla y León se cumple ya la normativa europea mediante la que se exige la DIA para cualquier permiso y ha aclarado que las autorizaciones concedidas en la Comunidad no son para explotaciones sino para investigación.
"Todos los parámetros técnicos, todos los parámetros normativos han de cumplirse", ha aseverado Silván, quien ha indicado que en Castilla y León están abiertos a "cualquier planteamiento" pero desde el punto de vista legal las normas "están ahí", mientras que desde el punto de vista científico deben ser la comunidad científica la que marque el desarrollo del 'fracking', tras lo que ha reiterado que en la Comunidad no hay permisos para explotación alguna.
Así, ha insistido en que todas las investigaciones están sujetas a DIA, obligación que Castilla y León ha tomado "como bandera".