El Consejo de Gobierno ha autorizado financiar con 354.184.840 euros los gastos de personal de las cuatro universidades públicas de la Comunidad durante el año 2011. Esta aportación económica supone el 100% de los costes salariales de las 9.730 personas que conforman la nómina de las cuatro universidades públicas de Castilla y León. De esta cantidad, 35.008.615 euros corresponden a la Universidad de Burgos, 57.383.262 euros a la Universidad de León, 131.422.457 euros a la Universidad de Salamanca y 130.370.506 euros a la Universidad de Valladolid.
El acuerdo adoptado por el Ejecutivo Autonómico garantiza el pago anual de todos los conceptos salariales de las nóminas de los 9.730 empleados con que cuentan las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid (6.664 profesores e investigadores y 3.066 trabajadores de administración y servicios).
Estos Contratos-Programa se extienden hasta el año 2011, un ejercicio clave en el que los cambios derivados de la total integración en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) requerirán un nuevo modelo de financiación ligado a costes reales de la nueva estructura de estudios y de una reestructuración a fondo de las plantillas, entre otros aspectos.
Este importante esfuerzo presupuestario público de financiación, -que sitúa a nuestro sistema público universitario entre los mejor financiados del conjunto nacional y que va acompañado de una serie de medidas orientadas a la contención y la racionalización del gasto universitario incluidas en la Ley de Presupuestos-, permitirá a las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid afrontar con garantías de éxito los grandes retos que la enseñanza superior tiene planteados en torno a las funciones básicas de la universidad: transmitir conocimiento mediante la formación de titulados, crear más conocimiento mediante la investigación científica de calidad y transferirlo al sector productivo y a la sociedad mediante la innovación.
Por ello, en este año 2011 se van a mantener las cuantías necesarias para cubrir el 100% de los gastos de personal de las universidades, así como hacer frente a los costes derivados del incremento de alumnos en algunas facultades, como es el caso de las facultades de Medicina de Salamanca y Valladolid.