IGUALDAD EN EL MEDIO RURAL

El CES reclama consenso político en la Ley de Ordenación para luchar contra la despoblación

El informe anual del Consejo Económico y Social plantea revisar las reformas laborales y pide a la Junta que garantice por ley la protección a los más vulnerables

Ical

El Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) reclamó hoy a los partidos políticos que aparquen el enfrentamiento dialéctico permanente y busquen el consenso en temas cruciales para el futuro de la Comunidad como el desarrollo de la Ley de Ordenación, norma que en opinión del presidente de la institución, Germán Barrios, es una inmejorable oportunidad para luchar de forma eficaz contra la despoblación, que junto al desempleo es el principal problema de la autonomía.

El presidente del CES consideró vital llevar a cabo una ordenación del territorio para poder garantizar en el medio rural la igualdad en el acceso a los servicios básicos y, tras recordar que Castilla y León tiene siete veces más municipios que todo Portugal o el triple que Andalucía, reclamó que se cierre el desarrollo de los mapas de servicios públicos.

Barrios, que realizó estas declaraciones durante la presentación del informe anual del CES sobre la situación económica y política de la Comunidad correspondiente a 2015, también resaltó que el estudio se plantea la revisión de las últimas dos reformas laborales, "después de quedar claro que no han cumplido sus objetivos, ya que ni ha mejorado la calidad del empleo ni ha acabado con la dualidad de las relaciones laborales, ya que cada vez hay más empleo temporal y, lo que es peor, más empleo temporal no causal".

Entre las recomendaciones que el CES realiza a las administraciones, Barrios puso el acento en aspectos sociales. Así, reclamó a la Junta que fije por ley o incorpore al Estatuto de Autonomía en su próxima reforma un suelo de gasto social en los presupuestos y que las medidas que conforman la Red de Protección de las Familias se constituyan en un derecho subjetivo. En este sentido, reconoció que aunque la población en riesgo de pobreza bajó el 22,1 por ciento del 2014 al 18,3 por ciento, es necesario "blindar" la protección a los más vulnerables por ley.

Además, también reclamó al Gobierno central una modificación del modelo de financiación para que, al menos, cubra el coste de los servicios públicos esenciales, y que la nueva norma tenga en cuenta los condiciones especiales de la Comunidad como son la extensión, la dispersión de la población, el envejecimiento y la desigualdad demográfica entre territorios.

En materia de Educación, el CES plantea un consenso político para establecer un sistema de calidad y más equitativo; en Sanidad reclama la reducción de las listas de espera y en vivienda pide la puesta en marcha de un parque público de alquiler.

Economía

Con relación a la evolución económica, Barrios explicó que se mantiene la recuperación que se inició en 2014, con un crecimiento del PIB del 2,9 por ciento, pero aseveró que esta mejora sigue sin tener un reflejo directo en la sociedad, en especial en la creación de empleo, dado que sólo se ha recuperado el 13 por ciento del empleo que se perdió durante la crisis.

"El empleo generado aún es insuficiente en términos de volumen y de calidad y no se podrá hablar de salida de la crisis hasta que no exista una recuperación social", apuntó Barrios, a la vez que se refirió a la preocupación del CES sobre los denominados 'pobres invisibles', trabajadores con un salario que no les permite cubrir sus necesidades básicas".

El informe del CES también deja claro que el objetivo prioritario de las administraciones debe ser la creación de empleo de calidad, ya que la tasa de temporalidad es del 23,4 por ciento y la de parcialidad del 15,8 por ciento. Así, plantea potenciar la contratación indefinida, luchar contra el empleo ilegal, un incremento salarial que reduzca la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante la crisis y planes específicos para fomentar el empleo entre los jóvenes, donde el paro afecta a la mitad.

Al mismo tiempo, también realizar varias recomendaciones para recuperar el tejido empresarial, entre las que destaca el desarrollo de la i+D+I hasta alcanzar un 3 por ciento del presupuesto regional y un incremento de la competitividad que pasa por aumentar el tamaño de las empresas.