El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha autorizado ya la salida de prisión de la presidenta del Parlament Carmen Forcadell después de que esta mañana su defensa abonara la fianza de 150.000 euros que se le impuso ayer en la causa en la que está imputada por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.
Según figura en el auto, la fianza ha sido entregada en el alto tribunal por el tesorero de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Marcel Padrós, y el juez ha admitido y declarado bastante el dinero. Ahora un funcionario del Supremo se desplazará a la cárcel de Alcalá-Meco, donde ha dormido esta noche la presidenta, para entregar el escrito.
En dicho auto el magistrado recuerda a Forcadell las medidas cautelares que le impuso contra ella para cuando saliera de prisión: comparecencias semanales ante el TSJC o ante el juzgado de su conveniencia, acudir al Supremo siempre que sea llamada, prohibición de salir del territorio nacional y retirada de pasaporte, que ya ha sido entregado por la defensa ante el alto tribunal.
En el auto del juez Llanera se advierte también a la presidenta del Parlament de que el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones determinará su inmediato ingreso en prisión.
Forcadell ha sido la única imputada en la causa del Supremo que ha dormido en prisión, ya que los otros cinco miembros de la Mesa del Parlament que declararon ayer durante siete horas ante el juez Llarena fueron puestos en libertad: cuatro de ellos --Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet-- con una fianza de 25.000 euros que tienen una semana para abonar y un quinto, Joan Josep Nuet, sin medidas cautelares.
El magistrado instructor atribuye a Forcadell una "actuación principal" en el proceso independentista por el "liderazgo" que ha ejercido en "cada una" de las fases del mismo, lo cual "aporta a sus iniciativas una trascendencia social, administrativa e institucional" que no puede atribuirse al resto de imputados en la causa.
La presidenta del Parlament asumió durante su declaración, que duró algo más de dos horas, la aplicación del artículo 155 de la Constitución que conllevó a la disolución de la cámara, según informaron fuentes presentes en la comparecencia. También matizó las consecuencias jurídicas que a su juicio tiene la declaración unilateral de independencia (DUI) que fue aprobada el pasado 27 de octubre, y a la que se habría referido como "simbólica" y "declarativa".
Después, el magistrado Pablo Llarena, antes de acordar las cautelares, dio un último turno de palabra a los investigados y, según fuentes consultadas, Forcadell y al menos tres de los exmiembros de la Mesa manifestaron que renunciaban a la unilateralidad con la que se declaró la independencia de Cataluña, adhiriéndose a la declaración prestada por Ramona Barrufet.