Castilla y León ya ha superado en más de un 9 por ciento el objetivo de la legislatura marcado por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en alcanzar los 5.000 trabajadores. No en vano, en 2017 había 5.462 personas con una discapacidad severa en los 215 centros especiales de empleo existentes en la Comunidad.
El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, destacó este viernes que estos datos demuestran la importancia del sector de la economía social, que ha evolucionado mucho desde 1995, fecha de las transferencias en materia de empleo. Entonces existían 47 centros especiales de empleo que daban trabajo a 770 personas y hoy son 215 dotaciones con más de 5.000 trabajadores, lo que supone multiplica por siete la cifra.
Fernández Carriedo valoró la capacidad de la Comunidad para incorporar al mercado laboral a personas con especiales dificultades por su discapacidad pero también el esfuerzo presupuestario de la Junta que en 2018 reserva más de 25 millones de euros para la economía social, según los presupuestos de la Consejería de Empleo, lo que supone una subida del 4,2 por ciento. Un dinero que servirá para seguir impulsando la integración de personas con discapacidad, tanto en centros especiales de empleo como en empresa ordinaria y de inserción, así como el crecimiento de las cooperativas y las sociedades laborales.
En este sentido, la Consejería anticipó la convocatoria de la mayor parte de las líneas de ayudas para 2018 en diciembre pasado, con el objetivo de facilitar e incrementar los plazos para las presentación de solicitudes.
Antes de presidir el Consejo de Economía Social, que tuvo lugar en el Centro de Soluciones Empresariales de la Junta en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), el consejero recordó que en 2017 se adelantó el cumplimiento del compromiso adquirido, también para el final de legislatura, de alcanzar la financiación del 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de las nuevas contrataciones de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades frente al 50 por ciento de antes.
Tampoco se olvidó de que la administración regional ha asumido el "esfuerzo presupuestario" del incremento del 8 por ciento del SMI, establecido por el Estado el año pasado, al igual que hará el presente ejercicio, con el aumento del 4 por ciento. "Ha habido un salto relevante del salario mínimo, con la vista puesta en alcanzar en 2020 en España de 850 euros, cuando hace dos años apenas era de 650 euros. Todo esto tiene un efecto directo sobre las personas con discapacidad severa que trabajan en los centros especiales de empleo", apuntó.
Ley de Cooperativas
La reunión también sirvió para informar sobre la última fase de la tramitación parlamentaria de la Ley de Cooperativas. Asimismo, el consejo realizó un análisis de la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020, que publicada recientemente, y se abordó la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público que modifica las condiciones de contratación por parte de las administraciones públicas con las entidades de interés social para la prestación de servicios y adquisición de bienes.