La empresa Europarques anunció este viernes que va a ampliar su querella sobre el concurso del catamarán del Lago de Sanabria a altos cargos del Gobierno regional en Valladolid, al tiempo que aseguró que no descarta llevar el caso a la Fiscalía Anticorrupción, una vez que agote la vía penal ordinaria. Así lo señaló en Valladolid el coordinador de la empresa, David de Salvador, por considerar que la Junta “miente” e incurre en diversos delitos como la prevaricación o la falsedad documental, entre otros.
El consejero de Fomento, Antonio Silván, es “conocedor” de todas estas “irregularidades”, si bien no se amplía la querella a él porque no firmó los expedientes, pero sí lo hace con el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz, y el jefe de Espacios Naturales, Javier Ezquerra, por supuestos delitos de prevaricación en relación al concurso público de adjudicación del servicio del catamarán del Lago de Sanabria, cuyo adjudicatario final es Europarques, dijo De Salvador.
Esta imputación se une a la denuncia abierta desde hace más de dos años contra el delegado territorial de la Junta en Zamora, José Bermejo, así como el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Francisco López, y el exjefe del mismo servicio, Jesús Palacios, a los que se añade las imputaciones de tráfico de influencias, falsedad documental y cohecho.
A su juicio, a través de “un proceso de rodillo” administrativo “ilícito”, la Junta en Zamora y “con conocimiento feaciente de los altos cargos” de Valladolid, ha pretendido “unviabilizar a Europarques para someterla y posteriormente eliminarla, como adjudicataria del catamarán del Lago”. Para esta empresa, el Lago de Sanabria está “en riesgo” debido a “una negligente” gestión medioambiental, “por su deficiente red” de depuración, tal y como recoge un informe de la propia Consejería del año 2008 cuya conclusión, según Europarques, asegura que “la red de saneamiento está mal diseñada y en un estado de conservación lamentable”.
Además, recordó que Europarques ganó la licitación del catamarán en 2008, una vez que fue anulada la de 2007 por la aparición en el proceso del nombre de la única empresa que pudo concurrir, una empresa, aseguró, “amiga” de la Junta para que “no elevara la voz y no investigara sin control”. Una vez adjudicado, continuó, la empresa sufrió, por parte de la Junta, amenzas y boicot al proyecto .
Con la negativa de Europarques a “perder su independencia”, la Junta, aseveró, retrasó dos años la contestación a la solicitud de la CHD para informar positivamente la actividad de navegación, limitando de facto la duración de la concensión. También, denunció, limitaron el acceso de la embarcación a la zona de Bouzas dentro del lago para realizar la interpretación ambiental de aguas.
Del mismo modo, explicó que en mayo de 2010 la empresa advirtió de un problema de seguridad vial en relación con el punto elegido por la Junta para instalar el embarcadero del catamarán, aspecto en el que la Junta se reafirmó.
A juicio de esta empresa, la querella por delitos de corrupción nada tiene que ver con la negligente gestión medioambiental del Lago aunque, sostiene, mantiene como elemento de interconexión “la deficiente red de depuración del parque natural y la política de silencio”.