La Junta de Castilla y León y el Tercer Sector han acordado un nuevo modelo de gestión de las subvenciones del IRFP (con la recaudación del 0,7 por ciento para fines sociales), que se concederán mediante concurrencia competitiva e incorporarán cláusulas sociales en materia de igualdad.

El nuevo modelo de gestión es necesario tras los cambios derivados de una sentencia del Tribunal Constitucional y se basará en la concurrencia competitiva frente a la subvención directa del anterior; en la compatibilidad con otras ayudas de la Junta; en una distribución por ámbitos de actuación social con proporciones semejantes a las de 2017 y con programas enfocados al interés general con fines sociales o para cubrir necesidades de asistencia social de las personas.

La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha presentado este modelo junto al presidente del Comité autonómico de Entidades de Representantes de personas con discapacidad en Castilla y León (CERMI), Francisco Sardón; el presidente de Cruz Roja Española en la Comunidad, José Varela; la coordinadora de Cáritas, María Jesús Díez; y el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Castilla y León (EAPN), Daniel Duque.

Alicia García ha subrayado que se trata de un nuevo modelo de gestión que, desde el "diálogo y la participación", mantendrá la estabilidad y certidumbre a las entidades del Tercer Sector de Castilla y León y garantizará a las personas la continuidad de los apoyos y ayudas que reciben de estas entidades.

Además, ha señalado que se avanzará en el aspecto social en favor del empleo de las personas más desfavorecidas, por la igualdad, por la innovación y por el medio rural y permitirá mantener y mejorar los programas de atención a las personas más vulnerables de Castilla y León de estas entidades y los empleos que estos programas generan.

Alicia García ha señalado que se mantiene un criterio común en la postura de Comunidad sobre los criterios de reparto de las cuantías entre las comunidades autónomas para el año 2019 y sucesivos, que garantice, como mínimo, los importes recibidos para el ejercicio actual (10,45 por ciento) y que sobre los incrementos de recaudación se apliquen criterios que contemplen las condiciones socioeconómicas de Castilla y León, como el envejecimiento y la dispersión de población.

Estos criterios de reparto se están negociando en la actualidad entre el Gobierno y las comunidades autónomas y posteriormente se tendrán que aprobar por el Ejecutivo central.

Las entidades sociales de Castilla y León han mostrado su satisfacción por los buenos resultados de la gestión de la Comunidad de la experiencia transitoria, en 2017, con los fondos de la recaudación del 0,7 por ciento del IRPF destinado a fines sociales, que permitió que 156 entidades desarrollaran 407 proyectos.

Desde entonces, la consejera ha señalado que la Junta ha trabajando en coordinación con el Tercer Sector en la Comunidad para potenciar, a través de una postura común, las líneas generales de este nuevo modelo de gestión de estas subvenciones.

Este año es necesaria su puesta en marcha tras esa etapa transitoria y los cambios derivados de una sentencia del Constitucional que obligó a acordar entre el Gobierno y las comunidades un nuevo marco regulador de estas ayudas que respetase la competencia exclusiva que ostentan las comunidades en materia de servicios sociales, por lo que se estableció un modelo de gestión mixto con un tramo autonómico y otro estatal.

Nuevo modelo

Las subvenciones pasarán a concederse en concurrencia competitiva y, además, los programas financiados a través de estas subvenciones podrán ser compatibles con otros programas financiados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, lo que posibilita a las entidades distintas fuentes de financiación para el conjunto de los proyectos sociales que desarrollan.

Se establecen unos requisitos para los programas que quieran acceder a estas subvenciones como que sean de interés general para atender fines sociales, dirigidos a personas en situación de pobreza y exclusión o situación de especial vulnerabilidad; que tengan presente la perspectiva de género, la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres y de las personas con discapacidad, así como la innovación social, además de potenciar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

La cuantía que se destine a Castilla y León se distribuirá por ámbitos de actuación con una proporción semejante a la concedida en 2017. También se mantendrán criterios de valoración similares a los que existían a nivel estatal para facilitar la gestión y continuidad de los programas de atención a personas vulnerables de las entidades.

La consejera ha destacado que este nuevo modelo incorpore cláusulas sociales en materia de igualdad en las valoraciones de los programas que se van a subvencionar.

Estos criterios de carácter social valorarán la existencia de planes de igualdad en las entidades, que cuenten con trabajadores y trabajadoras en riesgo de exclusión social o beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía e incorporen a sus plantillas a mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad, teniendo en cuenta también el voluntariado y la participación social.

Además, se estimará que los programas se desarrollen en el ámbito rural, que tengan carácter innovador, que faciliten la continuidad de los financiados en años anteriores y mantengan la coherencia con el modelo de servicios sociales de Castilla y León.

Por último, el nuevo modelo establece los ámbitos de actuación de los programas a financiar, así como el compromiso de la Consejería de tramitar estas subvenciones para que las entidades puedan disponer de los importes concedidos, como muy tarde, en enero de 2019.

El Bocyl publica hoy las bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones y el siguiente paso será la convocatoria, una vez que el Consejo Territorial de Servicios Sociales reparta los fondos y determine la cuantía que corresponde a Castilla y León.