Si el talento se reparte de forma equitativa, que es la tesis en la que cree Cristina Rueda, cuesta comprender que de un examen en Castilla y León salgan un 10 por ciento de alumnos con sobresaliente mientras en otra Comunidad Autónoma, en la misma prueba, rozan la excelencia más del 30 por ciento.

El examen, la PAU de 2015, no era igual: cada autonomía hace el suyo, y ahí nace la desigualdad. Pero, aun así, la diferencia es clamorosa. Más porque se repite en prácticamente todas las asignaturas hasta límites sonrojantes: los alumnos de Castilla y León son los que menos nueves y dieces obtienen de toda España en la prueba de Lengua Española. 

Cristina Rueda, en colaboración con la Asociación para un acceso a la Universidad en igualdad, de Zamora, y con el respaldo de la Facultad de Medicina, en la que da clases como catedrática de Bioestadística, analiza en un informe el perjuicio que padecen los alumnos de la comunidad que, por someterse a una evaluación más exigente, quedan rezagados en la disputa por las plazas más deseadas en las facultades de Castilla y León.

Calcula, tras su estudio, que aproximadamente 100 alumnos de Castilla y León que se han quedado sin plaza en Medicina, tenían nivel para haber accedido a ese grado; mientras que han sido admitidos alumnos que no deberían haber obtenido plaza.

Propone, y con su solución Ciudadanos presentará una Proposición no de Ley en el Congreso, que mientras se decide el polémico cambio a una prueba única para todos los alumnos del país, se aplique una solución que considera sencilla: la normalización de las notas.

De este modo, cada Comunidad Autónoma aportaría su "ranking" de alumnos y se consideraría que el mismo porcentaje de los mejores, los primeros, sería equivalente y homologable entre todas las comunidades autónomas.

Independientemente de dónde hicieran los alumnos el examen, de cuál fuera más fácil ese año: habría las mismas oportunidades para todos. Y los mejores de Castilla y León dejarían de ser menos mejores que los mejores de otros lugares.