Los agricultores afectados por la expropiación de terrenos para la construcción del macropolígono Canal de Castilla mantienen su encierro indefinido en las dependencias del Ayuntamiento de Cigales (Valladolid) para pedir que se les pague el dinero que se debe por sus tierras.
Una representación de afectados acompañados por el presidente de Asaja Valladolid, Lino Rodríguez, pasó la noche en el Consistorio, mientras que ahora se han dado cita en el lugar unos 40 afectados. En el Ayuntamiento se ha colgado una pancarta con las empresas que firmaron el contrato y en la plaza de la localidad permanecen varios tractores propiedad de los afectados.
Lino Rodríguez explicó que un grupo pasó la noche provisto de mantas, colchones y "termos" en un encierro que prevé que vaya "para largo" porque el asunto está "muy bloqueado" y "enmarañado".
Los propietarios de los terrenos saben que este encierro tiene "fecha de inicio pero no de fin", pero se mantienen "firmes en su lucha" por conseguir que les paguen la totalidad de sus tierras cuando hoy se cumplen cinco años y dos días del anuncio "a bombo y platillo" en rueda de prensa de la construcción de este macropolígono por parte de la Junta de Castilla y León, apuntó Asaja en un comunicado.
El grupo que lleva a cabo la protesta considera que la jornada de hoy, Día del Padre, será "dura", al igual que la noche, ya que estos agricultores no podrán pasar este día tan especial en sus casas con sus familias, aunque algunos recibieron ayer la visita de sus hijos, indicaron las mismas fuentes.
Falta de interés de la Junta
Los afectados por la construcción de este macropolígono piden que la Junta de Castilla y León intervenga de una vez y ponga fin a esta situación que "no admite más dilaciones". Los agricultores acusan a la Junta de Castilla y León "de una total falta de interés, inmovilismo y humanidad en este caso cuando este problema lo ha generado ella ya que desde el primer momento este polígono ha sido público y por ello se produjo una expropiación".
Los agricultores quieren que la Junta de Castilla y León no se desentienda de esta situación y que bien les paguen el resto del dinero que les deben a día de hoy, unos 12 millones de euros, o les devuelvan las tierras para que puedan trabajar.
Tras cinco años de litigios la situación para muchos de estos afectados es "crítica" y, según Rodríguez, la Junta es la que debería intervenir porque es su proyecto y se decretó la expropiación de los terrenos sin posibilidad de negociar "en condiciones de libertad" y ahora hay que dar salida a una situación que provoca "tensión" y "problemas familiares" a muchos de los afectados.
Lino Rodríguez apuntó que se han planteado la posibilidad de llevar el caso a los tribunales por una presunta estafa pero consideran que los empresarios tienen que pagar porque hay un contrato por medio auspiciado por la Administración e insistió en que es ésta la que debería de intervenir.
La expropiación de terrenos afecta a unos 180 agricultores y aunque Caja Segovia se ha hecho cargo de un 60 por ciento de la deuda, Fincagest y otras empresas deben asumir el 40 por ciento restante, unos 10 ó 12 millones de euros, según matizó Ana Calzada, quien explicó que los empresarios "no quieren pagar porque dicen que no es el momento".
Este macropolígono se desarrollará en terrenos ubicados entre las localidades de Cigales, Corcos y Cabezón.