Cuando el 50% de sus ingresos provenga del campo

Castilla y León pelea por priorizar las ayudas de la PAC para el agricultor activo

Junta, OPAs y Urcacyl han remitido a la UE un documento consensuado sobre cuál debería ser la nueva estrategia 2021-2026

Europa press

El sector agrario en Castilla y León, capitaneado por la Consejería del ramo, 'cierra filas' para que la nueva Política Agrícola Común (PAC) 2021-2016 que habrá que negociar durante los próximos tres o cuatro años priorice las ayudas a la figura del agricultor activo, aquel cuyo 50 por ciento de sus ingresos provenga de dicha actividad agrícola o ganadera.

Será el principal caballo de batalla de la futura PAC en un "momento de incertidumbre" que se abre en la UE con la salida del Reino Unido y la previsible reducción de las ayudas comunitarias en esta materia, tal y como han coincidido este miércoles la consejera del ramo, Milagros Marcos, y representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) y de la Unión Regional de Cooperativas (Urcacyl).

Todos ellos, uno por uno, han remitido precisamente hoy a Bruselas desde la Consejería de Agricultura un documento consensuado que responde a 34 preguntas formuladas por la Comisión Europea--el plazo se abrió en marzo y expira el 2 de mayo--con las que ésta pretende recabar las opiniones de los estados miembros a fin de elaborar la próxima PAC con vigencia hasta 2026.

Al respecto, al igual de la postura de Comunidad consensuada hace ya cuatro años, el departamento de Milagros Marcos y el sector entiende que es el momento de "reformular" de una vez por todas los criterios que hasta ahora han regido las ayudas y de "definir" la figura del agricultor activo, al objeto de que éste, aquel cuyo 50 por ciento de ingresos procede de esta actividad, sea el principal y único beneficiario de los fondos de la nueva PAC.

El propio presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, ha pedido en este sentido todo el apoyo a la Junta y el Gobierno central para trasladar a Bruselas esta petición, salvando las reticencias de comunidades como la andaluza, para que aquellos con un 20 por ciento de ingresos procedentes de la actividad agrícola y ganadera no sigan siendo considerados agricultores activos.

"Si Europa no lo hace, tendrá que hacerlo España", ha defendido Dujo, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, insiste en la importancia de focalizar los fondos hacia aquellos que verdaderamente trabajan en, por y para el campo en un "momento de incertidumbre en Europa pues no es un momento dulce para negociar ante la salida del Reino Unido y la previsible reducción de ayudas".

Y es que, como así recuerda la consejera, las propuestas anteriores para definir la figura del agricultor activo "no han servido y por ello hay que fijar unos criterios para que las ayudas lleguen a quien verdaderamente está produciendo, se llame como se llame".

Tal reivindicación ocupa un lugar preponderante pero es una de las muchas que el sector, junto con la Junta, ha plasmado en las respuestas consensuadas al formulario elaborado por la Comisión de Agricultura de la UE y que mantendrá abierto hasta primeros de mayo de cara a perfilar la próxima PAC y que cuenta ya con cerca de 25.000 escritos de respuesta, un millar de ellos procedentes de España.

Una PAC fuerte, única, agraria y simplificada

En este sentido, Marcos aboga por la necesidad de una nueva PAC "fuerte, única, agraria y simplificada y con un presupuesto adecuado que permita al sector producir los alimentos que necesita Europa y el mundo, una nueva política ajustada a la realidad real y cierta de cada productor", pero igualmente dotada con los mecanismos necesarios para actuar de forma preventiva contra las crisis de los mercados o las crisis sanitarias.

En la misma línea, Dujo ha resumido que el objetivo del nuevo marco europeo en esta materia es el de garantizar la "producción de productos con todas las garantías sanitarias, así como la creación de empleo en el medio rural y la protección y sostenibilidad del medio ambiente", así como, en palabras de Aurelio González, de la Alianza UPA-COAG, combatir las prácticas de determinados especuladores que provocan la caída de los precios.

Por su parte, Jesús Manuel González Palacín, de UCCL, demanda recuperar mecanismos de intervención como los de antaño que "se desmantelaron" de forma errónea con el propósito de asegurar los costes de producción y garantizar la rentabilidad de las explotaciones. "Hasta entonces, sería preciso crear mesas negociadoras, con la administración como árbitro, que debería impulsar la propia Comisión Europea para evitar así situaciones de abuso o dominio".

El sector en su conjunto reclama mantener un nivel equitativo de rentas para eliminar los desequilibrios territoriales, y ello a través de ayudas directas a la producción agraria, así como avanzar en los ámbitos de la innovación y acceso a la formación y nuevas tecnologías, devolver el papel que corresponde al agricultor y ganadero en la sociedad como abastecedores de alimentos seguros y de calidad y garantizar el acceso de los jóvenes.

Como principales barreras identificadas en el cuestionario remitido a Bruselas, el sector sitúa la baja rentabilidad de la actividad agraria, las dificultades de financiación y excesiva burocratización, junto con la ausencia de instrumentos que eviten la caída o la inestabilidad de los precios.