El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Mario Amilivia, ha defendido este lunes como "necesaria e irrenunciable" la función de esta institución para garantizar los derechos e intereses de los ciudadanos, y ha asegurado que su desaparición supondría una merma de la calidad democrática, un incremento de la litigiosidad y un aumento del gasto público.
Durante su comparecencia ante la Comisión de la Presidencia de las Cortes para exponer la Memoria de 2014, en la que se recogen 597 dictámenes, cuya aceptación por las administraciones supera el 95 por ciento, Amilivia ha sostenido que el Consejo es una institución al servicio de los ciudadanos porque están presentes en cada informe que emite.
Los procuradores Luis Mariano Santos (UPL) y José Ignacio Delgado (Ciudadanos) han planteado expresamente la eliminación del Consejo Consultivo por ver duplicidad y para racionalizar el gasto público. Amilivia ha respondido que es el órgano de España más austero en presupuesto, plantilla y composición (tres consejeros) y subrayó que los consultivos de España no solapan al Consejo de Estado, sino que le sustituyen en las autonomías.
Los grupos Popular, Socialista y Podemos ha defendido la existencia de esta institución propia de autogobierno de la Comunidad, aunque con matices, ya que los dos primeros ha destacado su trabajo y función a favor de la legalidad así como de ser "clave" en el equilibrio del poder y para evitar posibles abusos. Podemos, por su parte, ha hablado de institución necesaria, aunque también ha cuestionado que se convierta en un "órgano de puertas giratorias".
En su intervención, Amilivia ha lamentado el retraso en presentar la Memoria de 2014 en las Cortes, donde se registró a finales de marzo, tras haber pedido en dos escritos la comparecencia. Sanz Vitorio ha replicado que no ha sido por "falta de interés" de la Cámara, sino por la celebración de las elecciones de mayo y el cambio en la Mesa del Parlamento. El presidente del Consultivo ha expresado su deseo de comparecer de inmediato cuando el próximo año presente la nueva Memoria de 2015.
Junto a los 597 dictámenes elaborados a solicitud de las distintas administraciones, Amilivia ha resaltó las 96 resoluciones dictadas el ejercicio pasado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, adscrito desde 2012 al Consejo. Además, ha destacao que resuelve en un plazo medio de 24 días, que garantiza la libre concurrencia y la igualdad de trato y que evita la litigiosidad.
En el año 2014 fueron admitidas a trámite un total de 619 solicitudes de consulta, de las que se emitieron 597 dictámenes, la mayoría sobre responsabilidad patrimonial, en concreto 433, el 72,5 por ciento del total, que supusieron 25 millones de indemnizaciones de las administraciones por daños ciudadanos.