La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, apoyó hoy la propuesta del Comité Económico y Social Europeo (CESE) de establecer un plazo transitorio de entre 25 y 50 años para suprimir la explotación del carbón en las cuencas mineras, ya que de esta forma se contaría con margen para implantar actividades alternativas.
Del Olmo, que realizó estas declaraciones en Valladolid antes de asistir a la presentación del informe del Comité Económico y Social Europeo sobre 'Los recursos autóctonos del carbón en la transición energética de la Unión Europea', resaltó que la Junta siempre ha defendido la minería, pero también otras actividades alternativas y en ningún momento "nos hemos quedado parados". Así, se refirió al Plan de Dinamización de los Municipios Mineros, "una iniciativa en la que llevamos la delantera en España".
Del Olmo argumentó que el plazo de transición que defiende el CESE Europeo es perfectamente compatible con el Acuerdo de París sobre el cambio climático y reconoció que a medio plazo habrá que prescindir de la minería del carbón, dado sus efectos contaminantes. No obstante, la consejera resaltó que mientras el CESE plantea un plazo transitorio de hasta 50 años, la verdadera "losa" que pesa sobre el sector es la decisión del comisario Almunia tomada en 2010 que establecía el fin de las ayudas en 2018 y que también contemplaba la devolución de las mismas si la actividad minera continuaba.
La clave del futuro del sector, según la consejera, pasa por poder revertir esa decisión de la Comisión Europea, ya que en caso contrario no se podrá establecer un régimen transitorio. "Tanto el objetivo de la Junta como el del Gobierno es poder revertir una decisión es que la produciendo las grandes dificultades a las cuencas mineras", aseveró.
Georges Sassis
Por su parte, el presidente del CESE Europeo, el rumano Georges Sassis, defendió el periodo de transición, pero advirtió que todas las comarcas mineras deben ser conscientes de que estamos ante un recurso natural que debe dejar de ser utilizado, por lo que es necesario abrir un diálogo en estas regiones para decidir cómo afrontar el futuro y para que los gobiernos naciones trasladen propuestas a la Comisión Europa.
Sassis también se refirió a la fuerte repercusión que tendrá el Acuerdo de París en el sector, por lo que insistió en la necesidad de abrir primero una negociación política y luego buscar un "concertación con la sociedad civil para afrontar el futuro". En este sentido, se preguntó sobre las decisión que tomará el Gobierno de España cuando en 2018 acaben las ayudas a la minería, y criticó que hasta ahora todos los gobiernos, incluidos los regionales, han estado "demasiado callados, pero ahora ya no deben esperar más y es el momento de comenzar a defender los intereses de sus propias comunidades".
Al mismo tiempo, Sassis advirtió de la presión que están realizando las grandes compañías de energía renovables contra la minería tradicional y de "la tentación de los gobiernos de ponerse a su lado", y recalcó que no se puede obviar que en las cuencas mineras europeas todavía trabajan más de 3.000 personas.
El presidente del CESE también reconoció que "desde el punto de vista sindical" los futuros planes de reactivación para las cuencas mineras llegarán tarde, pero aseguró que si hay consenso político en el plazo de un año se "pueden hacer muchas cosas". Además, reclamó que se aparquen diferencias, "lo verdaderamente importante es un acuerdo entre los interlocutores sociales y el gobierno, y entre el gobierno y Bruselas, para que se aprueben los mecanismos financieros y los Fondos Estructurales necesario para establecer estrategias de desarrollo que sustituyan a la minería".
La presentación del informe del CESE tuvo lugar en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León y a la misma asistieron el presidente de Cecale, Santiago Aparicio, los principales dirigentes de UGT y CCOO.