La Fiscalía Provincial de Valladolid ha presentado un escrito de acusación en el Juzgado de Instrucción Número 4 en el que solicita una condena que suma nueve años de cárcel y 27 de inhabilitación especial para ejercer como concejal para el exalcalde del PP Javier León de la Riva, por las tres cartas de conformidad que firmó en 2008, 2010 y 2011 con avales para el soterramiento del ferrocarril. El exregidor está acusado de tres delitos de prevaricación y tres de falsedad documental.
Además de las penas de prisión y de inhabilitación, el Ministerio Fiscal también pide para León de la Riva una multa de 7.200 euros. Al mismo tiempo, en el escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 4, la Fiscalía solicita por el conocido caso de las 'comfort letter' una pena de 24 años de inhabilitación especial para el exconcejal 'popular' Manuel Sánchez, y otros 24 años para el actual edil del PP en el Consistorio Alfredo Blanco.
El Fiscal sostiene en su escrito de acusación que el Ayuntamiento de Valladolid, debido a su nivel de endeudamiento, no tenía capacidad financiera para concertar en 2011 lo que era un aval por importe de 100 millones de euros, y argumenta que se saltó los preceptos legales en su tramitación.
Así, asegura que los tres acusados omitieron en todos los casos el preceptivo informe de la Intervención, "que debía analizar especialmente la capacidad del Ayuntamiento para hacer frente a las obligaciones derivadas de la operación que, con naturaleza de contrato de fianza y, atendida su cuantía, tenía que haber sido concertada por el Pleno del Ayuntamiento y necesita de la autorización del órgano correspondiente de la Comunidad".
A su vez, recalca que que ningún funcionario de la Corporación había emitido dictamen ni tenía conocimiento, salvo el entonces alcalde y los dos concejales acusados, de las cartas de conformidad.
El pasado mes de julio el Juzgado número 4 acordó la tramitación de las diligencias previas contra el excalde de Valladolid Francisco Javier León de la Riva por los delitos de prevaricación y falsedad documental, y contra el actual concejal del Grupo Municipal del PP, Alfredo Blanco, y del exconcejal de Infraestructuras Manuel Sánchez
Según dicho auto, esta probado que De la Riva, como alcalde, firmó tres cartas de conformidad en el marco de la operación de soterramiento del ferrocarril a su paso por Valladolid, sin tramitar ningún procedimiento, ni obtener ningún informe ni autorización y que lo hizo sabiendo la ilegalidad de su actuación. En concreto, la primera, el 28 de julio de 2008, avalaba un préstamo de 200 millones de euros concedido a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A.; la segunda, el 24 de septiembre de 2010, avalaba otro préstamo a la Sociedad de 70 millones de euros, y la tercera, el 14 de febrero de 201, avaló un crédito de 400 millones de euros.
El auto, al igual que ahora hace el fiscal, argumentaba que se firmaron las cartas de conformidad "sin seguir el oportuno procedimiento administrativo previsto para la aprobación del acto administrativo que constituía la firma del citado documento, y ello a sabiendas de que efectivamente no se estaba siguiendo el oportuno trámite. Se firmó sin la previa autorización o conocimiento del pleno del Ayuntamiento (órgano competente para ello), sin el preceptivo informe de la intervención municipal y sin autorización de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León".
En su declaración ante la juez el pasado mes de mayor, León de la Riva reconoció hoy haber firmado dos cartas de conformidad, en julio de 2008 y septiembre de 2010, si bien señaló que desconocía que se tratase de un aval, ya que pensó que era una "carta de recomendación", para el préstamo de la operación ferroviaria.