30 millones de euros. Es la cifra aproximada del impacto económico para la industria eólica de la comunidad que no recogió la orden de peajes eléctricos de 2013. Por este motivo, y como parte perjudicada, Apecyl, la asociación regional de promotores eólicos, acudió a la Justicia.

Esos suplementos territoriales son las conocidas como ecotasas, que también funcionan en Castilla y León. El Ministerio de Industria, con su orden de peajes 2013, no tuvo en cuenta estos impuestos y ahora, el Tribunal Supremo da la razón a las eólicas de la comunidad porque la ley obligaba a incluir esos tributos para así, evitar que generar energía fuera más o menos caro en función de la zona.

Ahora, la pregunta es quién pagará esos 30 millones. Una posibilidad es que sea el consumidor, aunque hay otra opción más probable.

Junto a este recurso ganado, los promotores eólicos regionales también han presentado otro contra la ecotasa de la comunidad, que consideran inconstitucional. Su resolución por parte del Supremo está pendiente.