El Sindicato de Enfermería Satse ha mostrado su disconformidad con la decisión de la Consejería de Administración Autonómica de anular los nombramientos a los enfermeros de Atención Primaria que tomaron posesión de su plaza en septiembre de 2009, debido a la aplicación de una sentencia que la propia Administración regional ha ejecutado de oficio, ya que el demandante no se ha interesado porque se ejecutara la misma.

De hecho, Satse solicitó a la consejera Isabel Alonso que no ejecutara la sentencia de esta manera, pues se producía un perjuicio muy grave a las 153 personas que tras casi un año y medio de tener una plaza en propiedad se quedan ahora sin ese nombramiento, con las consecuencias que esta situación conlleva, pues muchos de los afectados ya han consolidado su vida personal y familiar por el hecho de ser fijos y ahora se ven totalmente indefensos y, en algunos casos, incluso con una pérdida retributiva de 250 euros mensuales.

En opinión del sindicato, la Junta debería haber sido "más sensible" a las situaciones personales de los afectados y no haber interpretado la ejecución de la sentencia en este sentido.

"Podría haber baremado de nuevo los méritos de los aspirantes que obtuvieron plaza tras la convocatoria de esta oposición en el año 2006, tal como indicaba el fallo de la sentencia, y sin embargo no sólo van a tener que verse involucrados en un nuevo proceso de baremación, que algunos casos les perjudicará, sino que además se han quedado sin su nombramiento como personal fijo y han visto disminuidas sus nóminas".

Esta situación--lamenta Satse--no se ha dado nunca en Castilla y León con el personal de enfermería y está creando un precedente muy importante por la "desconfianza, inseguridad e incertidumbre no sólo de las enfermeras afectadas sino de todo el colectivo, que no puede confirmar su situación a pesar de presentarse a una oposición y conseguir ganar una plaza en propiedad".

Ante ello, el sindicato prepara los incidentes sobre la ejecución de esta sentencia convencido de que la única salida que les queda a las 153 enfermeras afectadas es apelar a la Justicia para que se haga valer de nuevo el nombramiento que la Administración regional "les ha quitado de oficio".