El alcalde de Soria, Carlos Martínez, y el presidente de la Diputación, Luis Rey, defendieron este viernes, en una rueda de prensa conjunta, la legalidad y transparencia en los procesos de adjudicación de contratos que mantienen ambas instituciones con la empresa de servicios sociosanitarios Aralia, presuntamente vinculada al llamado ‘Caso Enredadera’.
Ambos comparecieron tras la celebración de sendas comisiones de información en ambas instituciones, así como de un pleno extraordinario en el Consistorio soriano, que rechazó una moción del PP para la constitución de una comisión de investigación. El regidor de la capital insistió en la legalidad y transparencia en el trabajo del Ayuntamiento y aseguró que "este valor es y ha sido siempre la seña de identidad de este Gobierno".
Martínez remarcó que todos los técnicos municipales que participaron tanto en el proceso de adjudicación como en la elaboración del pliego, constataron un proceso de "absoluta legalidad". "La semana que viene presentaremos públicamente el acta de los técnicos en la que niegan haber recibido cualquier tipo de presión por parte de este Ayuntamiento ni tampoco de las empresas adjudicatarias", dijo.
Además, el alcalde de Soria vaticinó que "esto va a ser un proceso largo porque lo que el Partido Popular quiere no es aclarar los hechos sino alargar la situación". "Es una estrategia partidista para ensuciar el nombre de esta institución de cara a las elecciones municipales del próximo año", concluyó.
Por su parte, Rery apuntó que el contrato con esta empresa "ha pasado todos los procedimientos técnicos siguiendo estrictamente las bases del servicio y ha sido aprobado por todos los miembros de la Mesa de Contratación, incluyendo al Partido Popular". Además, el presidente de la Diputación recalcó que "el 85 por ciento de la valoración en la adjudicación de contratos es objetiva y estrictamente económica por lo que no hay opción de duda ya que los criterios son matemáticos".
Luis Rey indicó que los criterios de adjudicación y los pliegos de contratación de Ayuntamiento y Diputación son totalmente diferentes y, por lo tanto, "el traje a medida o la posible coordinación" entre ambas instituciones a la que se ha apuntado desde el PP, "no tiene ningún sentido".
Además, defendió la honestidad de los intervinientes en el proceso calificando de "absurdo, ridículo y demencial el enjuiciamiento que se está haciendo a personas e instituciones" en base a noticias en prensa. Rey increpó también a los populares que "en la Comisión informativa celebrada con anterioridad al Pleno hayan defendido la legalidad en la actuación de la Diputación y sus trabajadores y cara a los medios de comunicación admitan todo lo contrario" y afirmó que su intención es "alargar el proceso de cara a las próximas elecciones".