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El fiscal general del Estado aboga por agilizar los procesos de corrupción para no generar desconfianza en el sistema

José Manuel Maza destaca la autonomía de la figura del fiscal y el desconocimiento que los ciudadanos tienen de la labor de los 2.500 profesionales que hay en España

Ical

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, abogó hoy por agilizar los tiempos en los procesos judiciales al entender que los procesos de corrupción en España "tienen que solucionarse en un plazo breve", porque la lentitud de los mismos generan "desconfianza" en los ciudadanos y en el sistema.

Maza realizó estas declaraciones en Burgos donde participó en un desayuno de trabajo en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el que repasó la actuación del fiscal en España. En este encuentro, estuvo acompañado de los presidentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y La Rioja, José Luis Concepción e Ignacio Espinosa, respectivamente, además de la fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez, entre otros.

En su turno de palabra, y ante la atenta mirada de cerca de un centenar de responsables de la vida política, judicial, económica y social de Castilla y León, expresó la "necesidad" de acabar con asuntos que se estancan en los tribunales durante años y que, a su juicio, acaban "pudriendo" a la sociedad. Se refirió a la corrupción, de la que dijo que es plenamente consciente el Ministerio Fiscal en su intento por perseguir a la misma.

Así, reconoció que durante el tiempo en el cargo ha tenido tiempo para darse cuenta de cómo la dilatación de los procesos no ayuda a la pronta resolución de los casos. "En los nuevos tiempos nos encontramos con una fase dilatada en el tiempo en la que se recogen pruebas", apuntó Maza, que entiende este hecho como "absolutamente innecesario".

"Así conseguimos solucionar el mayor problema que tiene la justicia penal en este país que sufre un periodo largo. Un problema que es para el acusado y para toda la sociedad", aseveró el responsable, partidario de dar solución a este tema en un "plazo breve".

Autonomía

Si hay algo que Maza pone de manifiesto acerca de la labor de los más de 2.000 fiscales que hay en España es su autonomía y el escaso conocimiento que tiene la sociedad acerca de la labor que llevan a cabo los garantes de la legalidad en el sistema judicial español. "Creemos que conocemos lo que es ser fiscal y no es verdad. El fiscal es el gran desconocido", apostilló Maza, que cree que la sociedad española es más desconocedora de una realidad que "le ha deslumbrado" por la "gran altura" y lealtad de sus miembros, ademas de las funciones que llevan a cabo en la sociedad.

De este modo, manifestó que la función del fiscal "es fundamental "y eso justifica ya por si solo la existencia de los 12.500 profesionales que hay en España frente a los 800 que existen en Italia. "El fiscal interviene en los procedimientos de incapacitación, vigila suelos ancianos nos sean maltratados y protege a los menores. No es solo un acusador, sino un tutelar de derechos", apostilló.

Por otro lado, entiende que la autonomía de la carrera fiscal es otro rasgo que no se debe olvidar. "El fiscal es un autónomo porque tiene  los mecanismos suficientes para mantener su idea sin que obedezca ordenes de nadie", aseveró maza, que recordó que la figura del fiscal en España "es única porque da una democracia interna" a diferencia de otros países como Francia. 

Retos y reformas

De cara al futuro, Maza indicó que el Ministerio Fiscal al igual que el Poder Judicial habrán de acometer reformas y retos como el que apuesta por una mayor autonomía para que "el fiscal pueda imponer más grandes sanciones" o el que tiene que ver con la digitalización completa de un sistema que "está obsoleto" en algunos aspectos tecnológicos.

Asimismo, Maza cree que "con una delincuencia y delitos complejos como los que se dan en España con 300 imputados es necesario agilizar todos los procesos e introducir criterios de oportunidad. 

En lo que a acusación popular se refiere, indicó que "será necesario regular la acusación popular", aunque reconoció que esta fórmula- que solo comparte Nicaragua- ha servido para sacar a la palestra casos como los GAL o Filesa. 

Por último, aseguró que las personas con discapacidad pueden estar "seguras" del compromiso que existe por parte de su departamento para atender sus derechos, por lo que avanzó que es partidario de crear una Fiscalía delegada para temas de discapacidad.