El primer pleno de las Cortes de este periodo aprobó este miércoles el proyecto de ley que modifica la organización y funcionamiento de los consejos Consultivo y de Cuentas de Castilla y León, cuya novedad está en la reducción de cinco a tres del número de consejeros de ambas instituciones de autogobierno, si bien los actuales miembros permanecerán en sus puestos hasta que el Parlamento designe a los nuevos.

La normativa, que se asienta en el principio de austeridad que ha afectado a todo el sector público de la Comunidad, según expuso el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en la presentación del texto, recibió los votos a favor del PP y la abstención de la oposición, PSOE, IU y UPL.

El procurador de IU, José María González, defendió en siete enmiendas, todas rechazadas, la composición actual y mantuvo que no habrá austeridad si se vacía de contenido a ambas instituciones. Por su parte, el representante de UPL, Alejandro Valderas, calificó de electoral el proyecto, consideró que no tiene utilidad política y se decantó por una reforma más amplía, como la planteada por el propio Consejo Consultivo.

"Se puede podar un árbol para que sea más fuerte, pero también se puede podar un árbol para que se seque. Esta poda va a servir para que pierdan su capacidad de reacción", afirmó la viceportavoz del Grupo Socialista, Ana Redondo, quien explicó la abstención de su grupo para no ser "un obstáculo", pero rechazó las prisas con que cree que se ha realizado así como que no se haya mantenido el consenso.

En la forma, Redondo estimó que se podía haber hecho a través de una proposición de ley de los grupos de la Cámara, uno de los motivos por los que el Grupo Socialista no presentó enmiendas. "Las enmiendas implican que se tienen que adaptar al objeto de la iniciativa y este lo decide el Gobierno. Es un recorte puro y duro", argumentó.

Se mostró Redondo de acuerdo con la austeridad pero recordó que es un principio de todo buen gobierno y censuró la "falta de trabajo, rigor" y que no se haya escuchado al Consejo en su dictamen. También criticó que se elimine la publicación de los informes en el Bocyl, en lo que llamó "opacidad y menor transparencia".

Además, se refirió a la enmienda técnica introducida por los tres grupos para que los actuales consejeros permanezcan en sus puestos hasta que las Cortes designen a los nuevos, algo que no figuraba en el texto de la Junta y dejaba a los miembros actuales, según subrayó, en "el limbo jurídico".

De Santiago-Juárez, en su intervención, reseñó el recorte en el número de altos cargos y de consejeros en esta legislatura, que situó en un 20% menos, y rechazó que no se haya escuchado a los grupos. Así, se refirió a una reunión con el portavoz del Grupo Socialista, Óscar López, y con el procurador de IU, José María González.

Sólo el popular Javier García Prieto defendió el proyecto, afirmó que la reducción del número de miembros no incidirá en un menor trabajo por la existencia en la institución de un equipo técnico. Austeridad, racionalidad, ahorro y fortaleza en el control democrático guiarán a ambos consejos tras la reforma, según el popular.

Novedades

Para una mejora de la simplificación administrativa, el Grupo Popular ha introducido una enmienda que limita los dictámenes del Consultivo a reclamaciones no inferiores a mil euros.

Con la nueva regulación, los consejeros electivos serán tres, en vez de cinco, y se designarán por las Cortes de Castilla y León en una votación conjunta de los candidatos que corresponda presentar a los grupos parlamentarios en proporción al número de procuradores integrado en cada uno de ellos. Además, se mantienen como consejeros natos los expresidentes de la Junta, pero introduce la novedad de que sólo podrán optar quienes accedan al cargo al comienzo de una legislatura autonómica y hasta los 70 años.

Otra novedad que recoge el texto es la posibilidad de que el Consejo Consultivo elabore estudios, informes, propuestas y dictámenes a solicitud de la Junta de Castilla y León sobre asuntos relacionados con el desarrollo y cumplimiento del Estatuto de Autonomía, aspecto que resaltó el consejero de la Presidencia ante el plenario.

En cuanto al Consejo de Cuentas, los tres consejeros, de los que saldrá su presidente, serán elegidos por las Cortes de Castilla y León por un periodo de seis años. Además, los informes de fiscalización se harán públicos a través de la sede electrónica del Consejo y las resoluciones que adopten las Cortes sobre dichos informes se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Junto a la reforma de los consejos, la Junta modifica la ley de Gobierno para limitar a un máximo de diez el número de consejeros, pero si podrá existir más de un vicepresidente.